A CORUÑA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá los próximos 20, 21 y 22 de abril el juicio con jurado popular contra el asesino confeso del conocido como 'crimen de Monelos', ocurrido en julio de 2008 en este barrio coruñés. El ministerio público pide para Marcos G.G, de 32 años, penas que suman 17 años de prisión por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial.
Marcos G.G reconoció ante el juez, tras su detención, ser el autor de la muerte de su vecino, José M.H., de 50 años, en el Camino de la Iglesia en el barrio de Monelos.
En su calificación provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal sostiene que sobre las 14.00 horas del 16 de julio de 2008 el acusado se percató de la presencia de su vecino, con cuya familia mantenía disputas la del procesado, tras lo que detuvo el vehículo en el que circulaba, y cogió del maletero una escopeta, a nombre de su hermano y que poseía en su domicilio "a pesar de carecer de licencia de armas que lo amparase", señala el fiscal.
Asimismo, afirma que el procesado se aproximó "y cuando estaba a una distancia de un metro, de forma totalmente inesperada, sin realizarle ninguna advertencia, ni siquiera mediar palabra, le disparó, al menos dos veces". Uno de los disparos le alcanzó el tórax provocando a la víctima lesiones que afectaron a órganos vitales y provocaron su muerte.
El fiscal sostiene que en la noche del 15 al 16 de julio el acusado "bebió una cantidad no determinada de bebidas alcohólicas que afectaron a sus facultades de percepción y reacción" y que estuvo conduciendo por diversas calles de A Coruña.
Por otra parte, asegura que el procesado "tiene rasgos compatibles con un trastorno límite y disocial de personalidad que por sí sólo no afecta a sus facultades psíquicas superiores", aunque afirma que "disminuyen de forma leve cuando ingiere alcohol".
El ministerio público solicita 16 años de prisión por un delito de asesinato, otros ocho meses de prisión por tenencia ilícita de armas y cuatro meses por un delito contra la seguridad vial. Además, reclama una indemnización de 103.000 euros para la familia de la víctima. La acusación particular eleva la petición a 20 años de prisión y la defensa reclama que se tenga en cuenta la atenuante de drogadicción y los problemas psíquicos del acusado.
