Advierte la necesidad de mejorar la legislación sobre corrupción en aspectos confusos y plantea "delimitar el tiempo" de secreto sumarial Aboga por la dedicación exclusiva para jueces de grandes casos y limitar los recursos que dilatan "en exceso"
OURENSE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez Antonio Piña, que tomará posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense en un mes, defiende que un político imputado debe dimitir "cuando comparece en juicio" pues ve difícil "compatibilizarlo" con el ejercicio de la función pública.
En una entrevista a Europa Press, el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Ourense hasta que pase a presidir la Audiencia, ha dicho estar "de acuerdo" con lo que hacen los partidos que han presentado medidas anticorrupción y con la decisión de "los dos mayores" de poner en el auto de apertura de juicio oral el "momento para dimitir".
Según Piña, ese es un momento importante en un proceso judicial, "pero todavía permite la posibilidad de presentar recursos, así que creo que el momento para dimitir es el del juicio".
En un momento inicial de la instrucción, ha señalado, un político imputado "no puede tener carácter responsable", porque en su evolución se puede determinar que se "desimpute" a esa persona tras considerar que no ha estado implicada.
En relación a la corrupción, Piña ha manifestado que la legislación tiene carencias en la "delimitación de los tipos penales" y ha detallado que en la prevaricación se requiere un "dolo" contemplado por las sentencias que forman la jurisprudencia, "pero que lleva a confusión en muchos extremos".
Así, según el magistrado, hay que determinar "perfectamente" los tipos de delitos y lo mismo para saber cuándo concurre ese dolo o voluntad de hacer algo ilegal, "y por ejemplo, saber si la dejación de funciones es dolosa o no".
MÁS AGILIDAD, EN BORRADOR
Como en el resto de España, en Galicia la apertura de instrucciones de largo recorrido como en las operaciones Pokémon o Campeón, genera la percepción de lentitud en la Justicia y, en ese sentido, el juez Piña considera fundamental la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que se deja morir en fase de borrador por cada Gobierno que llega desde hace años" y es necesaria para que el procedimiento "sea más rápido".
"Hace falta una Justicia más ágil", ha asegurado el magistrado, ante una Ley que permite "muchísimos recursos" que dilatan "en exceso" las actuaciones. En ese sentido, se ha declarado también partidario de que la instrucción judicial pase al fiscal y que los jueces de instrucción "sean la tercera parte del procedimiento" para que la independencia quede garantizada.
En el día a día, ha señalado, la agilidad también se consigue por vía digital. "Todo lo que se haga vía Internet facilita el trabajo, y en Galicia se hizo mucho con la implantación del programa Lexnet, que permite presentar demandas digitales, y es importante eliminar papel, pues hay casos con miles de folios", ha lamentado.
EXCLUSIVAMENTE CORRUPCIÓN
El futuro presidente de la Audiencia de Ourense ha abogado por dejar que los jueces "con grandes casos de corrupción" se dediquen a ellos en exclusiva, sin que tengan que compatibilizarlos con los casos cotidianos del juzgado, que en Ourense llegan a 6.000 y superan los 8.000 en Vigo y en A Coruña.
En su opinión, la corrupción ha llegado a las portadas diarias de todos los medios en los últimos años "porque hay algo que antes no había, y son las denuncias, tanto por parte de fiscalía, como de particulares y partidos políticos".
En el ámbito de la lucha contra esa corrupción, Piña ha apelado a la sensibilización social y a la depuración interna de los organismos afectados. "Sí existen mecanismos de control en las administraciones pero han fallado, y también se juzgan", ha explicado a Europa Press.
LÍMITES AL SECRETO SUMARIAL
Según el juez, en el caso de macroinvestigaciones con instrucciones de varios años, "hay que explicar que se trata de ver qué es lo más conveniente, si limitar las instrucciones a los delitos principales con 6 ó 7 culpables, o juzgar todos los delitos que van apareciendo". En ese sentido, ha afirmado que los jueces "cumplen la Ley" y ante cada nuevo delito hacen más investigación.
Piña es partidario de "establecer un límite", pero mantiene "que los jueces están actuando correctamente" y recuerda que hay múltiples recursos ante la Audiencia para reclamar "si se considera que no es así".
Las instrucciones judiciales muy largas "pueden dar problemas a los afectados, por los juicios paralelos, si hay secreto sumarial durante un período largo, pero para investigar es necesario tiempo". En ese sentido, ha opinado que situaciones como la de la jueza Estela San José, de posible anulación de procesos de instrucción completos, "no son fáciles jurídicamente, y aún hay que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso".
Precisamente, en relación a los secretos sumariales, Piña ha insistido en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aspectos como el de la regulación de ese secreto, tanto en la delimitación de su duración como en las consecuencias de vulnerarlo. "No es tan corriente como parece que haya filtraciones desde los investigadores a alguno de los afectados", ha apuntado, alegando que conoce sólo un caso, en la operación Púnica.
"Hay medios suficientes para averiguar cómo se produjo una vulneración del secreto, pero es necesario que se sancione más, lo haga quien lo haga", ha aseverado. En ese sentido, ha detallado que el protocolo de la Xunta incluye "la custodia en caja fuerte" cuya contraseña sólo conoce el juez, sin acceso para ningún funcionario.
RECTA FINAL A LA AUDIENCIA
En relación a su trabajo y sucesores en el juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, ha expresado su deseo de cerrar todas las investigaciones que pueda. El que llegue a sustituirle, por su parte, "se encontrará con un personal fantástico y estable, y eso se valora mucho, y un juzgado muy asumible con los asuntos de corrupción que no consiga terminar".
En cuanto tome posesión como presidente de la Audiencia Provincial, sus retos serán la transparencia y proximidad con los ciudadanos y comenzará con la apertura de un correo electrónico propio para que los ciudadanos planteen quejas y denuncias, además de pilotar cualquier acción que suponga apertura del juzgado a la sociedad.
