El PP mantiene en su enmienda a la totalidad que hubo la "tramitación ordinaria" y denuncia "manipulación" de Política Territorial
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos que sustentan el bipartito, PSdeG y BNG, aprobaron hoy en comisión el dictamen sobre la investigación parlamentaria acerca del derrumbe de la Vía Rápida de O Salnés cuando sólo habían transcurrido 13 años desde su inauguración y demandaron explicaciones al PP, que votó en contra, acerca del destino del dinero que habría sobrado tras cambiar los tubos de hormigón de drenaje del vial por unos de acero, un sistema que es más barato.
El diputado del PSdeG Abel Losada lamentó que "nadie" pudo explicar en la comisión de investigación que se puso en marcha el pasado mes de marzo "cómo usando un sistema que es mucho más barato, el coste de la obra fue el mismo". "La diferencia de precios se volatilizó", ironizó al emplear un argumento que también esgrimió la parlamentaria del BNG Carmen da Silva, quien afirmó que "no deja de sorprender que no hubiese consecuencias económicas" y que se mantuviesen los costes.
El dictamen de la comisión, que será debatido en el pleno de la Cámara de la próxima semana, atribuye a "criterios de tipo político" del Gobierno del PP el cambio de los tubos de drenaje por unos de menor calidad y señala que la orden "provenía de la cúpula" del departamento de Política Territorial, por aquel entonces dirigido por Xosé Cuiña.
Así, el texto recuerda que el ex conselleiro "admitió su responsabilidad política en el colapso de la vía" y atribuye esta decisión al objetivo de "agilizar la ejecución de las obras", que fueron inauguradas cuatro meses antes de las elecciones autonómicas de 1993, según recordó Abel Losada.
TRAMITACIÓN ORDINARIA.
Por el contrario, el PP sostiene que en las obras de la Vía Rápida de O Salnés "se siguió la tramitación ordinaria" y "no se produjo ninguna anomalía", mientras que apunta "negligencia" en las obras de desdoblamiento del vial para convertirlo en autovía, que acomete la actual Consellería de Política Territorial. Así, el PP votó en contra del dictamen pactado por socialistas y nacionalistas y decidió mantener su enmienda a la totalidad con un texto alternativo.
El diputado popular Alejandro Gómez Alonso calificó de "auténtica comisión de manipulación" el órgano que investigó el deterioro del vial y apuntó directamente a la actual Consellería de Política Territorial como responsable del dictamen presentado por PSdeG y BNG, por lo que lo consideró "deslegitimado". Asimismo, acusó al departamento de María José Caride de no querer analizar las "causas reales" del deterioro de los sistemas de drenaje, que estimó que fue acelerado por los incendios y las riadas que sufrió la zona meses antes.
RESPETO.
Ante estas acusaciones, Carmen da Silva reclamó "respeto institucional" al diputado popular frente a las acusaciones de manipulación y denunció que faltaba documentación sobre el vial que tenía que haber dejado el anterior Ejecutivo. La parlamentaria nacionalista también atacó el dictamen alternativo presentado por el PP porque es "un corta y pega" de partes del expediente y "no se corresponde en nada" con el que había elevado con anterioridad a la ponencia.
Por su parte, Abel Losada censuró el "ejercicio de escapismo político" del diputado popular y vinculó sus acusaciones de manipulación con una prueba de "lo que se hacía en la comunidad autónoma durante 16 años del Gobierno del PP con mayoría absoluta". Además, acusó a los anteriores gobernantes de "poner en riesgo la seguridad de los usuarios" del vial por, además de haber cambiado los tubos de drenaje, no haber realizado los trabajos de mantenimiento adecuados.
Al respecto, recordó que en 2004 se detectaron "los primeros socavones" en la vía y varios accidentes fueron vinculados con deficiencias en el drenaje, aunque lamentó que ello fuese negado por Alberto Núñez Feijóo, que entonces ya había asumido el departamento autonómico responsable de las obras públicas. "El objetivo político de la consellería --de Política Territorial-- era suceder al patrón", aseveró en referencia al proceso de sucesión de Manuel Fraga.
Tanto socialistas como nacionalistas ampararon la labor de la actual Consellería de Política Territorial al decidir el cierre de la vía rápida durante cinco meses para sustituir los tubos de acero galvanizado por unos de hormigón, con la finalidad de preservar "la seguridad de los usuarios y trabajadores".
MODIFICACIONES NORMALES FRENTE A DEFICIENCIAS.
En su intervención, Gómez Alonso justificó el cambio de los tubos de drenaje de hormigón por unos de acero corrugado en que el anterior Gobierno de Manuel Fraga consideró necesaria la construcción de pasos no previstos en el proyecto de obra, realizar mejoras de la seguridad vial y por el mantenimiento de los servicios de regadíos existentes. A su juicio, se realizaron "modificaciones normales en cualquier obra" y aseguró que hubo "un laboratorio a pie de obra" para certificar los controles de material.
No obstante, el dictamen pactado por socialistas y nacionalistas tras escuchar más de 20 comparecencias en esta comisión de investigación estima que el cambio de tubos se decidió "sin mediar ninguna justificación técnica" y hace referencia a un informe de la empresa de control de calidad Enmacosa que concluye que "el 95% de los tubos de acero no se podrían haber colocado". Asimismo, censura que "si no se detectaron antes las deficiencias fue debido a que no se hizo el mantenimiento adecuado".
