FERROL, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro sindicatos mayoritarios de la comarca de Ferrolterra, CIG, UGT, Comisiones Obreras y USTG, denunciaron hoy que algunas de las empresas subcontratadas por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos para desarrollar servicios de dependencia son casi compañías "piratas" que ofrecen servicios "muy baratos" al no respetar las condiciones laborales de los trabajadores.
Los cuatro sindicatos, en rueda de prensa, anunciaron que solicitarán reunirse tanto con los ayuntamientos de la comarca como con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia para exigirles que realicen "un control exhaustivo a las empresas" contratadas, tanto en lo referente a las condiciones laborales como a las sanitarias.
Según explicó Xesús Anxo López Pintos, secretario comarcal de la CIG, los sindicatos constataron que, aunque el convenio establece que la jornada laboral de los trabajadores de estas empresas debería ser de 37 horas, en muchos casos se limita a unas 15 horas semanales con contratos en precario y "sueldos irrisorios" que "no permiten llegar a fin de mes".
Esta situación se derivaría de la "aparición" reciente de "una gran cantidad de empresas piratas y casi ilegales", con muy pocos trabajadores, que "incluso dan servicios sanitarios sin personal cualificado", pero que aún así llegan a ser contratadas porque, a juicio de Pintos, "lo que busca la Administración es el abaratamiento de costes".
EMPLEO FEMENINO.
Para el responsable de la CIG, la gravedad de la situación aún es mayor debido a que el 98% de los empleados en estas empresas son mujeres que, con jornadas de tres horas diarias, dispersas a lo largo del día, "no pueden vivir de este trabajo" y "son las que sufren la mayor precariedad".
Pintos alerta además de que las malas condiciones laborales pueden provocar una deficiente atención: "si una trabajadora sabe que no puede llegar a fin de mes con ese salario y tiene que atender a una persona con necesidad, aunque sea muy buena profesional, su dignidad y su voluntad va a quedar mermada".
La atención sanitaria prestada también estaría en entredicho, y es que según la información manejada por la CIG, en algunos casos se estarían ofreciendo servicios como los de podología para personas diabéticas sin que se acreditasen las titulaciones necesarias.
