Tramita expedientes administrativos contra vecinos que el día 25 protagonizaron incidentes en Poio por el realojo de gitanos
PONTEVEDRA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, advirtió hoy de que emplearán todos los medios a su alcance, incluso los antidisturbios, para evitar que se repitan cortes de tráfico "salvajes" como el registrado el pasado martes en la rotonda de acceso a Pontevedra por el puente de A Barca por una protesta vecinal.
"No vamos a permitir que se repitan cortes de tráfico salvajes", avisó Delfín Fernández al portavoz de los afectados por la reforma que la Xunta proyecta acometer en la PO-531, Manuel Corredoira, con quien se reunió en la jornada de hoy.
Además, el subdelegado del Gobierno comunicó al portavoz vecinal que no hay ningún problema para que sigan protagonizando concentraciones, "están en su derecho", según dijo, pero agregó que el corte de tráfico, si no está autorizado ni siquiera comunicado, no se puede plantear como finalidad.
"Los promotores son los responsables, no sólo de perturbar la circulación, sino también la convivencia ciudadana", indicó Delfín Fernández a Manuel Corredoira, que dijo comprender con la postura del subdelegado y se comprometió a que en adelante su solicitará autorización gubernativa para todas las concentraciones que los vecinos decidan realizar.
No obstante, señaló que la próxima ya está convocada para mañana viernes en el enlace de la carretera Pontevedra-Vilagarcía con la Autovía de O Salnés, e indicó que "no se puede dar marcha atrás pero hablaré con los vecinos allí mismo para tratar de evitar que se corte la carretera".
Corredoira se enfrenta a un expediente administrativo que puede concluir en una sanción de hasta 700 euros, tras ser identificado el pasado martes por la Guardia Civil en el corte de tráfico realizado en A Barca, según le informó hoy Delfín Fernández.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
El subdelegado del Gobierno informó también de que se están tramitando expedientes administrativos contra vecinos que el pasado 25 de marzo protagonizaron incidentes ante el Ayuntamiento de Poio en protesta por el realojo de familias gitanas de O Vao.
Con motivo de un pleno en el que se analizó la problemática generada por los realojos de familias gitanas, vecinos de Monteporreiro (Poio) y Caritel (Ponte Caldelas), expresaron su malestar contra los realojos con un comportamiento que "perturbó la seguridad ciudadana", según resaltó Delfín Fernández.
En concreto, el alcalde de Poio, Luciano Sobral, salió escoltado por la Guardia Civil y su coche apareció rayado y con las ruedas pinchadas, hechos por los que "fueron identificadas 3 ó 4 personas", según señaló Fernández.
