SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha desestimado el discurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal frente al auto del mismo tribunal en el que archivaba una causa contra el ex presidente de la Diputación de Lugo y senador del PP, Francisco Cacharro, por supuesto cobro irregular de dietas.
En un auto emitido el pasado miércoles y firmado por Julián Sánchez Melgar, el Supremo sí admite el recurso de apelación subsidiariamente formulado por el Ministerio Fiscal, al que da un plazo de cinco días para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus peticiones.
En los razonamientos jurídicos de la sentencia, la Sala de lo Penal del Supremo explica que la impugnación del Ministerio "se limita a un resumen de ciertas declaraciones" sin que de las mismas se derive "en qué actuación encuentra el soporte fáctico de los delitos imputados". Así, le reclama que concrete "cuáles son los actos" de donde se derivan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
"Revisada de nuevo al instrucción, ni el Ministerio Fiscal ni el Juzgado de Instrucción remitente han realizado ese mínimo de concreción, que un delito de la clase del denunciado requiere", subraya el auto, en el que se concluye que "sin tal relación, huelga hablar de delito".
Asimismo, advierte que, "aún moviéndonos en el terreno de las declaraciones generales, es lo cierto que tampoco se acredita falta de control por parte del aforado". Por todo ello, el TS consideró procedente mantener todas sus argumentaciones precedentes y desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal.
CASO SOBRESEÍDO.
Dicho ministerio había recurrido el pasado 26 de octubre el auto del Supremo de 4 de octubre en el que disponía el sobreseimiento de las actuaciones al concluir que Cacharro no cobró dietas irregulares ni tenía "conocimiento de la injusticia" de los pagos que autorizó durante su mandato en este organismo.
Cacharro declaró el pasado 18 de junio en su condición de aforado ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, instructor de la querella presentada por el fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por el abono de dietas a vicepresidentes de la Diputación Provincial.
En el auto, el Alto Tribunal estableció que "ni el aforado cobró cantidades en concepto personal" ni "puede decirse que, por el simple hecho de firmar las órdenes de pago, fiscalizadas por la intervención de la Corporación (...), puedan encontrarse indicios de atisbo alguno del conocimiento de la injusticia de los acuerdos o de los pagos efectuados".
