Valoriza mantiene unos servicios mínimos del 80 por ciento, considerados "abusivos" por la CIG
VIGO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores del servicio de mantenimiento de las autopistas AP-9 y A-57, prestado por Valoriza, iniciaron hoy una huelga de tres días, convocados por la CIG, para denunciar el despido colectivo de una docena de empleados de esta contrata, y denunciaron que la subdelegación del Gobierno ha impuesto unos "servicios abusivos mínimos".
El responsable de la Federación de Construcción y Madera del sindicato nacionalista, Xaquín Agulla, explicó en declaraciones a Europa Press, que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, "tomó partido por la empresa" en el conflicto y accedió a imponer el 80 por ciento de la actividad como servicio mínimo, tal y como solicitaba Valoriza. "Es un abuso de poder por parte del subdelegado, que debe presentar su dimisión por su animadversión hacia el movimiento obrero", añadió.
A ese respecto, el portavoz de la CIG recordó que, durante la Semana Santa, a pesar del incremento en el tráfico de coches y del aumento en el riesgo de accidentes, Valoriza mantuvo "sólo un retén de tres personas que estaban pendientes por teléfono en sus casas, ni siquiera presencialmente".
En todo caso, Agulla precisó que "se están cumpliendo los servicios mínimos", y confirmó que hoy están citados los representantes de los trabajadores despedidos y la empresa a un acto de conciliación en el SMAC de Vigo.
DESPIDOS
La huelga se inició después de que la empresa anunciase el despido de 12 empleados, alegando que fueron contratados para realizar labores de prevención de incendios --según obligaba la normativa aprobada por la Xunta--, y que ahora no son necesarios. Así, Agulla vinculó esta decisión con el resultado del 1-M, ya que, al ganar el PP, "la empresa da por hecho que queda exonerada de esta obligación".
Valoriza cuenta con 53 empleados en dos centros de trabajo --en Vilaboa y Nigrán--, que ahora se quedan reducidos a 41, y que desarrollan labores de limpieza, desbrozo, asfaltado, o reposición de biondas de protección, entre otros trabajos. La CIG considera que la decisión de la empresa es un "despido colectivo" y pide su anulación.
