El fiscal aprecia indicios de irregularidades tras evaluar el informe del Consello de Contas relativo a 2004, que fue remitido de oficio
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ha ordenado a la sección de enjuiciamiento abrir procedimientos para dilucidar si existe responsabilidad contable en la gestión económica que se realizó en el año 2004, el último del PP en la Xunta, en un total de ocho entes relacionados con la Administración autonómica, así como en relación a la cuenta general de la Comunidad Autónoma de ese mismo año.
A raíz del análisis del informe remitido de oficio por el Consello de Contas sobre el ejercicio fiscal del año 2004, el fiscal Olayo González Soler tomó la iniciativa de abrir procedimientos ante los indicios de que pudiese existir responsabilidad contable respecto a estas entidades y la cuenta general de Galicia de 2004, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas.
Así, las cuentas de las entidades investigadas son la Sociedade Anómima de Xestión del Plan Xacobeo, el ente público Portos de Galicia, el Instituto Enerxético de Galicia, la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, Sogama, y las fundaciones Cidade da Cultura, Semana Verde de Galicia y Deporte Galego.
Además, el fiscal del Tribunal de Cuentas también pidió a la sección de enjuiciamiento analizar la responsabilidad contable en relación a la gestión de los servicios de alimentación hospitalaria de cinco centros en el año 2005, aunque estos análisis fueron incluidos por el Consello de Contas ya en su informe de fiscalización referido a 2004. Así, los servicios de alimentación investigados son los de los hospitales Nicolás Peña, Xeral Cíes-Rebullón, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Comarcal de Monforte y Xeral Calde de Lugo.
REINTEGRAR EL DINERO.
Tras la apertura de procedimiento instada por el fiscal González Soler, a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas le corresponde determinar si existe causa por un delito contable o sobresee los casos, un proceso que, según las fuentes consultadas, podría dilatarse "por un año, ya que las cautelas procesales son muy grandes".
En caso de que se llegase a sentencias condenatorias, el Tribunal de Cuentas requeriría la devolución al erario público del dinero más los intereses, pago que tendría que afrontar la Xunta puesto que no se personalizan las posibles responsabilidades contables, ya que en estos casos el fiscal no ha derivado ninguno a la jurisdicción ordinaria.
