1 de diciembre de 2020
10 de octubre de 2020

El TSXG condena al Sergas a indemnizar a la familia de un fallecido tras contraer una bacteria en el Hospital Montecelo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Santiago de Compostela ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 66.000 euros a los familiares de un hombre de 65 años fallecido tras contraer una bacteria durante una estancia en el Hospital Montecelo de Pontevedra.

El fallo, fechado a 1 de octubre y contra el que cabe de recurso de apelación, da la razón parcialmente a los denunciantes y reconoce que el Sergas incumplió los protocolos de asepsia, que "si se hubiese cumplido de forma estricta", según los magistrados, "no se hubiera producido" un contagio "previsible" pues, en el momento de los hechos, se daba "con cierta frecuencia" y existía "preocupación" al respecto entre la comunidad médica.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando la víctima, un hombre de 65 años vecino de Pontevedra, ingresó en el Complexo Hospital de Pontevedra (CHOP) para tratarse de una enfermedad oncológica no mortal.

Durante su estancia en el hospital contrajo 'pseudomona aeureginosa', una bacteria multirresistente que le provocó daños en distintos órganos que derivaron en su fallecimiento por un 'shock' séptico.

Con todo, en la sentencia, el juzgado da la razón a la familia en que el Sergas no extremó las precauciones para evitar el contagio a sabiendas de que podía producirse, aunque falla que la causa de la muerte no fue en exclusiva la infección, sino que debe asociarse también con la "pluripatología de base muy grave" que arrastraba el paciente.

Los magistrados señalan que en "algún momento concreto se rompe la cadena de asepsia y si se hubiesen llevado a cabo las medidas preventivas no se habría producido la infección, por lo que el contagio era previsible y evitable".

Así, consideran "insuficientes" las pruebas facilitadas por el Sergas para probar el correcto funcionamiento de los protocolos de seguridad que, si bien reconocen que "existían", los jueces echan en falta "información individualizada sobre si se cumplen o no con cada paciente".