VIGO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por el acusado de matar a Ana Enjamio en Vigo en 2016, César A.O., contra un auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre las cuestiones previas al juicio.
Según recoge el auto, contra el que no cabe recurso, se ha rechazado el recurso del acusado, al que ha impuesto las costas procesales, interpuesto por la entrada y registro de su vivienda al argumentar que fueron autorizadas por sus padres, que residían en ella.
Por este motivo, no se ha considerado que haya tenido lugar "una vulneración o lesión del derecho individual a la intimidad del domicilio". También se ha recordado que los agentes se personaron en la residencia debido a una llamada de los familiares ante una tentativa de suicidio de César A.O.
Asimismo, respecto a un interrogatorio realizado el día anterior por el acusado, los magistrados han considerado que compareció "voluntariamente en sede policial cuando aún no había ostentado la posición de investigado en sentido propio y formal", así como que la declaración no implicó "confesión alguna".
En cuanto a la petición de "nulidad" de las grabaciones de una gasolinera, el auto ha reflejado que "no es cuestionable" su validez ni la de las imágenes tomadas durante la cena de empresa previa al crimen. También se ha recordado que no se ha cuestionado la autenticidad de las instantáneas y que tampoco se han solicitado pruebas que determinen su posible alteración.
CRIMEN
En concreto, la Fiscalía ha considerado probado que el 16 de diciembre de 2016, el acusado esperó a la víctima, con la que había mantenido una relación sentimental, a su regreso de una cena de Navidad. Tras supuestamente abordarla en el portal de su vivienda, en la avenida de Madrid de Vigo, le propinó cortes y pinchazos superficiales y le asestó al menos 28 cuchilladas.
Por estos hechos, el ministerio público considera a César A.O. autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que pide 25 años de cárcel. Además, demanda dos años más de prisión por un uno de acoso, junto a la prohibición de acercarse durante 10 años a la familia de la víctima y una indemnización para esta última de 450.000 euros por daños morales.
Mientras, la acusación popular, ejercida por la Xunta de Galicia, pide 25 años por el delito de asesinato, 3 años por un delito continuado de coacciones (o subsidiariamente dos años por un delito de acoso ilegítimo) y otros cinco años por el delito de vulneración de la intimidad. Adicionalmente, demanda el pago de una multa y cinco años de libertad vigilada tras la finalización de la pena.
