SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consello Económico e Social (CES) aboga por que en la futura Ley de Turismo de Galicia se refuercen los requisitos para que los ayuntamientos accedan a la categoría de municipio turístico, con la finalidad de "evitar la utilización abusiva" de esta designación.
En el dictamen sobre este anteproyecto legislativo, aprobado hoy por el CES y al que tuvo acceso Europa Press, el órgano consultivo defiende "limitar la posibilidad" de acceder a la categoría de ayuntamiento turístico, ya que el texto propuesto por el Gobierno gallego establece como condición sólo que el municipio cuente con algún evento o servicio que atraiga a un número de visitantes cinco veces superior a su población.
El CES aprobó hoy cuatro dictámenes sobre anteproyectos de ley de la Xunta --Pesca, Vivenda, Servizos Sociais y Turismo-- y éste último fue el único que salió adelante sin ningún voto particular de las entidades representadas en este órgano.
Precisamente, el CES hace constar en sus cuatro dictámenes su queja por que el Gobierno gallego haya remitido simultáneamente el pasado mes de mayo estos cuatro anteproyectos legislativos y haya recurrido al procedimiento de urgencia, lo que alerta de que "limita seriamente y va en menoscabo de la función consultiva" de este organismo porque sólo le otorga un plazo de un mes para dictaminar.
INSEGURIDAD JURÍDICA.
En relación al marco normativo de Turismo, el Consello Económico e Social advierte de que, con el anteproyecto propuesto, las pensiones podrían encontrarse con un problema de inseguridad jurídica porque en la nueva clasificación de establecimientos hosteleros se establece la existencia de residencias turísticas y hoteles.
De esta forma, advierte de que en la nueva legislación no se hace referencia a cuál es el procedimiento para que los establecimientos que ya tienen la calificación de pensiones se incorporen a esta nueva regulación o si podrán continuar con la categoría antigua.
En cuanto al régimen sancionador, el CES propone concretar más en detalle la afectación a la imagen turística que supone la clausura definitiva de un establecimiento o la revocación de la autorización, frente a la imposición sólo de una sanción.
Asimismo, pide clarificar el procedimiento de acceso del personal de la actual escala técnica de inspección turística a la nueva escala de inspección turística para mantener un "escrupuloso respeto a la normativa de función pública".
