SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
En los últimos 18 meses, desde que en octubre de 2004 se aprobara la tipificación como delito del maltrato animal, se han iniciado 321 procedimientos penales por maltrato y abandono de animales en España, de los que cinco corresponden a Galicia, según la organización de defensa de animales El Refugio.
Por comunidades autónomas, se han registrado 21 procedimientos penales en Andalucía, 26 en Aragón, ocho en Extremadura, siete en Asturias, 14 en Canarias, 14 en Cantabria, 58 en Castilla-La Mancha, 34 en Castilla y León, 39 en Cataluña, cinco en Galicia, cinco en Baleares, uno en La Rioja, 40 en Madrid, ocho en Murcia, dos en Navarra y 39 en el País Vasco. La organización no tiene constancia de ningún procedimiento penal iniciado en la Comunidad Valenciana.
El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, señaló hoy en rueda de prensa que "la realidad es que a pesar de los 321 procedimientos penales existentes, en aisladas ocasiones se han impuesto penas de cárcel por el delito de maltrato".
Por este motivo, ya que las condenas con penas siguen siendo pocas así como escasas las denuncias, El Refugio reclamó una conciencia social para que ciudadanos, organizaciones y Administraciones denuncien este tipo de daños a los animales domésticos.
"Actualmente cuesta condenar como responsables de un delito de malos tratos, haciéndolo sólo por una falta, cuando realmente se está en presencia de un delito", dijo Paunero.
En los casos denunciados de malos tratos los animales sufren daños crónicos y lesiones por envenenamiento, falta de alimentación, ahorcamientos, disparos, quemaduras, heridas de navaja, etcétera. Y en muchas ocasiones terminan con la muerte del animal.
El presidente de El Refugio indicó que el año pasado se recogieron 100.000 animales abandonados y por lo tanto fueron muchos más los abandonados. "Al autor del maltrato su conducta le sale casi gratis", denunció Paunero, quien apeló a denunciar el maltrato animal "no sólo como un deber ético o moral, sino también porque es un deber social y legal".
