SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Vecinos del barrio ferrolano de Canido acusaron al Ayuntamiento de expropiar sus casas "a un precio ridículo" y amenazar con desalojarlos para que la promotora madrileña Albantur, que ya cuenta con el 50 por ciento del suelo de los solares próximos a los inmuebles afectados, construya en la zona 260 viviendas, un hotel y zonas verdes.
Según sostuvieron, la mayor parte de los implicados son pensionistas a los que el consistorio no les ha garantizado el derecho al realojo, además de que la Concejalía de Urbanismo tiene una autorización para entrar en sus domicilios y proceder a la expulsión forzosa.
Al respecto, subrayaron que no aspiran a un piso en la nueva urbanización, sino que la promotora "cumpla con la ley" y el Ayuntamiento ofrezca una solución de alojamiento. El Gobierno local aprobó en 2004 que un total de 18 inmuebles costaban 224.932 euros, lo que supuso que el precio de algunas de las casas, a juicio del arquitecto municipal, era de 10.000 euros, frente a los 69.000 apuntados por un técnico tasador.
Al respecto, el Ayuntamiento alegó que tasó las viviendas en base a su valor catrastral, según los afectados "totalmente desfasado", y no en base al método residual previsto en la normativa". Además, denunciaron que tampoco se ha trasladado el expediente al Jurado Provincial de Expropiaciones, un organismo que "suele corregir por sistema" los precios fijados por las corporaciones municipales.
PROCESO
Así, hace cinco años, cuando Albantur le presentó el proyecto, el Ayuntamiento decidió que la urbanización se ejecutaría por el método de junta de compensación, un sistema que permite a los vecinos sumarse a la promoción de la obra si, entre otras cosas, ceden su suelo o pagan los gastos del alcantarillado y de las calles. De esta forma, pueden recibir una o varias viviendas, si bien los pensionistas que, en su mayoría, están afectados por este proceso, con unos 500 euros de media mensuales, carecen de los recursos suficientes para afrontar estos gastos. A mayores, la empresa intentó en su día adquirir sus viviendas a precios, a juicio de los vecinos, "insultantes". A una de las afectadas, María del Carmen Penabad Bouza, le ofreció 18.000 euros y, según su hijo, José Cachaza, "el presidente de la junta de compensación advirtió de que, si no se vendía, el Ayuntamiento iba a expropiar aún por menos dinero" lo cual, explicó, "así fue".
En este sentido, recordó que la legislación establece el derecho de los expropiados a ser realojados y denunció que pese a las promesas del concejal de Urbanismo, Francisco Pita-Romero, de que "los vecinos no se quedarían en la calle, ahora el departamento haya decidido expulsarlos de sus viviendas".
LEGALIDAD
De igual forma, criticó que Pita asegurase que se ha "respetado escrupulosamente la legalidad" cuanto, a su juicio, "no se corresponde en modo alguno con la realidad". Además, advirtió de las "irregularidades" que han marcado el proceso de expropiaciones, por lo que el abogado de una parte de los afectados está intentando anularlo judicialmente.
Así, acusó al Ayutamiento de "saltarse descaradamente" pasos previstos en la legislación que rige el procedimiento y de no haber comunicado "adecuadamente" a los vecinos el cambio de sistema de urbanización, que pasó de ser de cooperación a junta de compensanción.
Asimismo, reprobó la negativa del Gobierno a facilitar la documentación establecida por la ley, como las hojas de justiprecio razonadas de cada una de las fincas, situación o superficie.
