Pleno en el Congreso para debatir la nueva normativa para los vehículos de alqui
Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Actualizado: martes, 11 diciembre 2018 17:07

SANTIAGO / MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha respaldado este martes la tramitación parlamentaria de una proposición de ley del Parlamento gallego para traspasar a la Xunta la Autopista de Peaje AP-9, pero no ha sido por unanimidad ya que Ciudadanos se ha desmarcado al considerar que se trata de un "regalo electoralista".

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en Galicia en marzo de 2016, ha sido defendida en el Pleno del Congreso por una delegación de tres diputados del Parlamento autonómico. Con todo, PSOE y PP ya anticiparon, en sus discursos, que previsiblemente esta ley será cambiada en la tramitación parlamentaria para asemejarse a las dos posteriores que se aprobaron en la Cámara gallega y que, en esencia, excluyen la posibilidad del rescate público.

Martín Fernández Prado, diputado del PPdeG, ha destacado que la Xunta tiene los medios para gestionar la AP-9 al ser la Administración "más próxima" y ser "una infraestructura vital para Galicia, principal motor de competitividad". Es más, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez convocar la comisión mixta de transferencias para asegurar que el traspaso no se dilate, en la misma línea que se ha pronunciado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, este mismo martes.

Frente a la agilidad reclamada por el PP gallego, el diputado autonómico de En Marea Antón Sánchez ha recordado que esta iniciativa se aprobó tres veces por unanimidad en el Parlamento gallego --las últimas dos sin incluir la posibilidad de rescate, un aspecto que fue eliminado en aras de lograr levantar el veto del Gobierno de Mariano Rajoy-- y que en las dos ocasiones anteriores fue bloqueada por el Ejecutivo popular.

A su juicio, con "el silencio estruendoso y la complicidad del PP", los gallegos vienen padeciendo una "estafa diaria" con la AP-9, que en su día fue rescatada con dinero público y privatizada por el Gobierno de José María Aznar en lo que considera una muestra de "capitalismo de amiguetes".

En similares términos se ha pronunciado su compañero del Congreso Antón Gómez Reino, que ha representado al grupo confederal de Unidos Podemos --donde se integra En Marea-- y que ha reiterado su rechazo general a las autopistas de peaje para que lo público deje de beneficiar a la privada: "Autopista del Atlántico pública, gallega y gratuita", ha proclamado.

Por el PSOE, el diputado por Pontevedra Guillermo Meijón, ha cargado contra la empresa concesionaria y ha pedido una tramitación ágil de la iniciativa y un consenso sobre la política de infraestructuras. Igualmente, el diputado socialista autonómico Luis Álvarez Martínez ha pedido el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara para que la unanimidad del Parlamento gallego se viese también en el Congreso.

LA BOLSA DE CARAMELOS PARA COGER VOTOS EN ELECCIONES

Sin embargo, ese respaldo unánime no se ha visto en el debate celebrado este miércoles en un hemiciclo semivacío, ya que Ciudadanos se ha negado a votar a favor. Su portavoz de Fomento, Fernando Navarro, ha recordado que se trata de una autopista que conecta con Portugal, lo que la convierte en vía estratégica para el país, y ha criticado que se pretenda el traspaso a la Xunta de la gestión, con opción a rescatarla y fijar precios, y en cambio las obligaciones económicas sigan a cargo del Estado.

A su juicio, las inversiones de Fomento son "la bolsa de caramelos" con la que se busca conseguir votos y este traspaso es un "regalo" que tiene un coste que debe pagar el Estado. Navarro ha recordado que el Gobierno de Rajoy se negaba a asumir ese coste y ahora todos lo aceptan abonar por motivos "electoralistas". "Nosotros no aceptamos hacer electoralismo con las inversiones, no aceptamos usar 500 millones para pagar una campaña electoral", ha zanjado.

Frente a ello, Celso Delgado Arce, del PP, ha replicado que Ciudadanos no descartaba el traspaso de la AP-9 en anteriores debates y ha acusado al partido naranja de estar "fuera de juego en Galicia" y de no sintonizar con las aspiraciones de sus habitantes.

Tras criticar que los Gobiernos del PSOE también se oponían a tramitar esta transferencia, Delgado ha pedido "una tramitación sosegada, sin aspavientos ni demagogias y pensando en los usuarios".

APOYO DE NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS

Por su parte, Ferran Bel, del PDeCAT, ha pedido que una medida similar ocurra en Cataluña pero en todo caso, ha prometido no presentar enmiendas y ayudar a que se tramite por urgencia para que el traspaso se concrete lo más rápido posible.

También el PNV ha respaldado la tramitación, aunque Iñigo Barandiaran ha censurado que Galicia tenga que presentar una ley en el Congreso para impulsar la transferencia de una competencias que figura en su propio Estatuto. "¿Hace falta que las comunidades pidan permiso para cumplir su estatuto?", se ha preguntado

Joan Margall, de ERC, ha lamentado que el BNG no haya podido defender esta iniciativa en la delegación, de la que fue impulsora en el Parlamento de Galicia, pero en todo caso la ha apoyado subrayando que "Galicia tiene todo el derecho de gestionar sus propias infraestructuras".

DELEGACIÓN GALLEGA Y OTROS DIPUTADOS

Además de la delegación designada por el Parlamento de Galicia para defender la normativa, acudió a Madrid la portavoz nacional del BNG y portavoz parlamentaria, Ana Pontón, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y su portavoz en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Así, Pontón ha reclamado que, una vez aprobada la toma en consideración, se tramite con "celeridad" y se "respete la literalidad" del texto original aprobado por el Parlamento gallego; mientras que Caballero ha considerado que es necesario "buscar vías" para "evitar la subida continua" de peajes durante los próximos 30 años.

También asistieron el vicepresidente del Parlamento, Diego Calvo, y el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, quien ha asegurado que su formación política "como partido de Gobierno en Galicia y en España, será capaz de casar el legítimo deseo de los gallegos de que la gestión de la AP-9 resida en la autonomía sin que ello menoscabe el interés general del Estado".

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