El Ministerio Fiscal eliminó de los cargos el delito de coacciones y redujo las penas mientras que la defensa pidió la absolución
FERROL, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra la patrona mayor de la cofradía de Barallobre, María Sol Arnoso Barro, y los mariscadores José Andrés Fernández Outón, Pablo Andrés Leira López y José Manuel Torrente Suárez por los delitos de desórdenes públicos, coacción y resistencia y por una falta de lesiones quedo hoy visto para sentencia. Todos ellos carecen de antecedentes penales.
Los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2002 --el día del hundimiento del 'Prestige'-- cuando los mariscadores de la cofradía Santiago Apóstol de Barallobre (Fene - A Coruña) acudieron al edificio administrativo de la Xunta para solicitar una reunión con la delegada provincial de Pesca ante el decomiso durante dos días de toda la captura de la almeja y de una furgoneta del pósito. Para la patrona, estas medidas se debían a una "persecución" por las reivindicaciones de limpieza de los fondos de As Pías después del accidente del Discoverer Entreprise.
Marisol Arnoso recordó en la vista que se celebró en la Sala de lo Penal Número 1 de Ferrol que "los mariscos se seleccionan con una criba de la Consellería de Pesca", por lo que considera un "abuso de poder" el decomiso de la almeja babosa cuando ésta daba la talla y en el mercado se podía encontrar almeja con "talla menor". Incluso, a lo largo de la mañana del 19 de noviembre fueron a comprar 2 kilos de almeja "para demostrar que la que se vendía era menor".
Añadió que nadie les prohibió entrar en el edificio administrativo de la Xunta, que lo hicieron "pacífica y libremente sin intención de hacer daño" con el único objetivo de "hablar con la delegada de A Coruña". Arnoso Barros recordó cómo se ordenó el desalojo por parte de la Policía Autonómica. "Sin darnos tiempo, empezaron a cargar", dijo.
"Nos fueron sacando por las escaleras abajo como si fuéramos un saco", relató. Por su parte, uno de los testigos, el mariscador Francisco Javier López, puntualizó: "nos tiraron a rolos".
La patrona recalcó que en ningún momento hubo agresión por parte de los mariscadores que se "encontraban en el suelo agarrados unos a otros" para impedir el desalojo y que se mantuvo la normalidad en las oficinas. Este hecho lo constató la delegada comarcal de Pesca en aquel entonces, María Josefa Puentes Otero, quien aseguró "no sentirse intimidada".
CINCO HERIDOS
En la vista oral Marisol Arnoso aseguró que en el vestíbulo del edificio administrativo los trataron a palos agrediéndoles con "porrazos y patadas" aunque a ella un agente de la Policía Autonómica le dijo: "apártese señora que a usted no le queremos hacer daño", recordó.
La carga, hace cuatro años, provocó que cinco mariscadores tuvieran que se evacuados en ambulancia. La patrona afirmó que entre los heridos no había ningún policía. Punto en el que difiere uno de los testigos presenciales y responsable de la Policía Autonómica que asegura que hubo un agente que sufrió "traumatismo craneal". Asimismo, otro de los policías que testificaron recordó que "fue agarrado por atrás y tirado al suelo" aunque no pudo identificar a la persona que lo hizo y aseguró que "ninguno de los imputados incitó" a la violencia.
En este sentido, Pablo Andrés Leira López, otro de los acusados, aseguró que sufrió una "pérdida de conocimiento" en la sexta planta --donde se encuentran las oficinas de pesca-- a causa de un "golpe en el cuello" por lo que tuvo que ser evacuado en ambulancia después de salir del edificio escoltado. El cuarto de los acusados, José Manuel Torrente Suárez, que aseguró que "Marisol era una más" y nunca les obligó a hacer nada, dijo que se mantuvo "agarrado a Pablo hasta que lo dejaron K.O.".
Por su parte, José Andrés Fernández Outón --identificado por el responsable de la Policía Autonómica y por uno de los agentes como "incitador"-- afirmó que fue "una protesta pacífica. Ni un boli se tiró al suelo", añadió. No obstante, reconoció quedarse "con ganas" de amenazar viendo el ensañamiento de los agentes que incluso entre ellos, dijo, "se pisaban la cabeza" y aseguró que "aguantó la mano de un policía pero sin agredirle".
En la vista oral, que se alargó por el espacio de dos horas, el responsable de la Policía Autonómica puntualizó que los "porrazos se suceden cuando los mariscadores desalojados intentan volver a entrar" y que alrededor de las tres de la tarde continuaban en la sexta planta unas 80 personas. Tanto los mariscadores acusados como los testigos aseguraron ser unos 15-20, en igual proporción que el número de agentes.
Otro de los testigos, el mariscador Carlos Ricardo Moyá, calificó la carga de desproporcionada y explicó que no iban armados aunque "llevaba paraguas porque estaba lloviendo". No obstante, recordó que a pesar de que gritaron que no eran violentos, dos policías le "taparon con la chaqueta" y le "tiraron contra el ascensor".
Según los acusados que dijeron no sentirse coaccionados en la protesta, en todo momento "ofrecieron resistencia pasiva" y que fueron los policías los que actuaron con la fuerza. "Me echaron la mano a los testículos y me desalojaron", relató uno de los testigos, Manuel Bañobre.
Asimismo, el responsable de Acción Sindical de la CIG, Xesús Anxo López Pintos, aseguró que a Outón "incluso le querían poner los grilletes" y que lo golpearon varias veces "ensañándose con él".
Por su parte, el responsable de la Policía Autonómica consideró que la protesta estaba "organizada y patroneada" y que el desalojo se produjo por "ocupación ilegal" restando importancia al desfallecimiento de alguna persona que achacó a los "nervios".
REBAJA DE LAS PENAS
Ante los hechos relatados, el Ministerio Fiscal rebajó su petición de condena para los acusados. Así, eliminó el delito de coacciones y la falta de lesiones; manteniéndose los delitos de desórdenes públicos y resistencia e incluyendo tres faltas de desobediencia.
Para la patrona mayor, Marisol Arnoso, el fiscal solicita un año de prisión --en lugar de los dos años y medio solicitado antes--, nueve meses a José Andrés Fernández Outón por ofrecer resistencia así como una multa de 180 euros por las faltas de desobediencia.
El Ministerio Fiscal considera que los desórdenes públicos están acreditados porque se invadió el edificio "obviando los controles" y que Outón "fue la persona que incitó a los que estaban fuera a entrar, resultado lesionado un agente". Asimismo, añade que también está acreditada la "participación activa" y que existió "desobediencia" ante el requerimiento de los agentes.
Por su parte, la abogada defensora considera que no se ha incurrido en un delito de desórdenes públicos porque "no iban con la intención de montar follón" y que únicamente iban "buscando una explicación" ante los decomisos.
Explica que "entendemos que hubo una actuación desproporcionada" y que no se han dado desórdenes públicos ni allanamiento porque "no se ha impedido el normal funcionamiento" de las oficinas.
En cuanto a la falta de lesiones, reconoce que existe un parte policial pero que no se ha determinado quién fue el autor por lo que "no hay datos objetivos". Por todo ello, la defensa solicitó la "sentencia absolutoria y que estos hechos no se vuelvan a producir".
Terminado el juicio que quedó listo para sentencia, la patrona mayor agradecía el apoyo de sus compañeros y se mostraba optimista. "Me parece que salió bien", dijo.
Apoyando a los mariscadores feneses estaban las otras dos cofradías de la ría, Ferrol y Mugardos; así como los sindicatos UGT, CC OO y CIG, el alcalde de Fene, Xosé María Rivera Arnoso; miembros del Comité Ciudadano de Emergencia y de la asociación Fuco Buxán, entre otros.
