Vivenda investiga irregularidades en viviendas de protección autonómica construidas en Cangas (Pontevedra)

Actualizado: viernes, 23 junio 2006 18:20

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda ha abierto una investigación tras detectar "posibles irregularidades" en una urbanización de 27 viviendas de protección autonómica construidas por el sector privado en la zona de Choupana, el municipio pontevedrés de Cangas.

Se trata de una promoción de 27 viviendas unifamiliares construidas por el sector privado que la consellería calificó como protegidas y en las que los compradores reciben importantes ayudas públicas o tienen acceso a una vivienda a precio tasado inferior al del mercado libre.

La Delegación Provincial de Vivenda investiga cuatro de las 27 viviendas en las que se constataron obras de ampliación no autorizadas e irregularidades de mayor gravedad en una vivienda que no está ocupada y puede estar sometida a un proceso de venta ilegal.

Así, una inspectora de Vivenda realizó una inspección ocular y levantó un acta en la que se acredita que la vivienda está vacía y que en ella no se registró casi consumo de agua. Además, se investigó un supuesto proceso de venta de esta vivienda oficial por un importe de 288.485 euros a través de una agencia inmobiliaria.

Cuando se solicitó información a la agencia inmobiliaria sobre la vivienda, ésta indicó que, como el precio estipulado superaba el máximo legal permitido, en la escritura figuraría otro importe. El precio solicitado más que duplica el coste legal, ya que la vivienda fue adquirida hace menos de un año.

RÉGIMEN LEGAL

Las viviendas protegidas construidas por el sector privado sólo pueden ser vendidas transcurridos diez años desde el momento de la compra y sólo por el precio que tenga el inmueble protegido en este momento y a un comprador que reúna las condiciones de este programa, si no se incurriría en un caso de fraude de ley.

Estas irregularidades están tipificadas como graves o muy graves por la normativa vigente. A raíz de estos casos, la Consellería de Vivenda ha subrayado su voluntad de "actuar con decisión" para evitar que se produzcan irregularidades con las viviendas protegidas que se financian con los impuestos de los gallegos.

El departamento que dirige Teresa Táboas está analizando también la posibilidad de abrir un expediente sancionador a la inmobiliaria que anunciaba la venta de la vivienda unifamiliar, ya que se trataría de un caso de omisión en la publicidad de los requisitos legales establecidos para la venta de viviendas protegidas.