SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consello de la Xunta de mañana aprobará el Proyecto de Ley de Fundaciones de Interés Gallego, con el objetivo de dotarse de una regulación "más amplia y exhaustiva" que la vigente mediante la creación de un Consejo Superior que funcione a modo de órgano cosultivo de asesoramiento, propuesta y representación de estas instituciones.
Según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno autonómico aspira a que las fundaciones asuman este consejo como un "apoyo fundamental" para el desarrollo de sus actividades, que en esta legislación, elaborada por la Consellería de Presidencia, verán también reforzado el principio de publicidad de su registro.
Así, esta ley había constituido una de las grandes promesas electorales de Emilio Pérez Touriño en la campaña de las autonómicas de 2005, en la que comprometió un mayor control sobre estos organismos, en la línea de incrementar la claridad en el trabajo de la Administración, junto con otras normas como la de Transparencia, cuya redacción también asumió el departamento de José Luis Méndez Romeu, o la de Publicidad Institucional.
En este sentido, entre los objetivos del proyecto al que el bipartito dará luz verde mañana está regular el procedimiento y los requisitos para la creación de las fundaciones del sector público, sobre las que el Parlamento podrá ejercer determinados controles, al tiempo que determina su régimen jurídico y prohíbe que puedan ejercer potestades públicas.
Asimismo, establece garantías en cuanto a la selección de su personal y atribuye el control financiero a la Intervención Xeral de la Comunidad Autónoma y al Consello de Contas, como ya acontecía hasta ahora. No en vano, los 63 artículos del proyecto --39 más que la norma vigente-- unifican gran parte de la actualmente dispersa legislación e incluye novedades derivadas de su adaptación a parte de la ley estatal.
PROTECTORADO
Con todo, una de las medidas más innovadoras se encuentra en el Protectorado, que ve potenciadas sus funciones asesoras y de apoyo, en detrimento de las de fiscalización previa, con lo que la Xunta pretende no sólo flexibilizar y simplificar el control administrativo de las fundaciones, sino ampliar su autonomía.
Para ello, elimina todos los supuestos de autorización previa por parte del Protectorado --salvo para los supuestos de escisión con transmisión del escindido a otra institución ya existente-- y los sustituye por una comunicación posterior.
En consecuencia, las fundaciones disponen de amplias facultades para la disposición y gravámenes de bienes, sin necesidad de intervención previa del protectorado para lo que, en muchos casos, será suficiente con la información a través de la memoria anual.
NOVEDADES DE LA REFORMA
Además, la nueva normativa incluye en el concepto de fundación de interés gallego tan sólo las que tengan domicilio en la comunidad y desarrollen principalmente en ella sus actividades, por lo que, para entrar en esta categoría, las de carácter extraterritorial necesitarán un acuerdo de la Xunta.
A mayores, prevé la posibilidad de retribuir a los patrones que presten servicios distintos del desempeño de sus funciones, al tiempo que rebaja del 80 al 70 por ciento el porcentaje de las rentas e ingresos que deberán destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales.
DIFERENCIAS CON LA NORMA ESTATAL
Por lo que respecta a la norma estatal, el proyecto de Presidencia mantiene peculiaridades propias de la norma actual, como el derecho de reversión --la facultad del fundador de establecer el destino que debe dar a los bienes de la fundación en caso de su extinción--, la posibilidad de que se reserve con carácter vitalicio todas las competencias que le corresponden al órgano de gobierno y la oportunidad de aceptar el cargo de patrón ante el patronato mediante un procedimiento más flexible que el estatal.
En cuanto a las diferencias novedosas se incluye el respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la defensa de las víctimas de catástrofes; el fortalecimiento institucional de Galicia; la defensa de su medio natural y el desarrollo de la economía productiva de la comunidad.
Además, la norma gallega incorpora la obligación de que las fundaciones sometena sus cuentas a auditoría si el valor de las ventas y de los gravámenes de bienes supera el 50 por ciento del valor total de su patrimonio, o aquellas que, a juicio del Protectorado, presenten circunstancias especiales que lo aconsejen.
En este sentido, las instituciones que no cumplan con la obligación de presentar las cuentas al Protectorado no podrán percibir subvenciones y, por último, establece la posibilidad de que el Parlamento pueda controlar la creación de las fundaciones públicas.
