FERROL, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La acusación de la Xunta de Galicia confirmó hoy, en la última de las cuatro sesiones del juicio que se celebra en la Sala de lo Penal de Ferrol, la petición de cinco años y tres meses de prisión contra el secretario comarcal de la CIG Xesús Anxo López Pintos al que se le imputan sendos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad durante los altercados registrados en la cofradía de Mugardos en 2001.
La Xunta de Galicia pide para López Pintos, además de los cinco años y tres meses de prisión, un total de 20 fines de semana de arresto y una multa de diez meses a razón de 30 euros al día, al acusarlo de supuestos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia grave y lesiones. La Fiscalía rebajó la pena a dos años y medio de cárcel.
Los hechos por los que se juzga a Pintos se produjeron el 18 de septiembre de 2001. Las mariscadoras de la Cofradía de Mugardos se habían encerrado durante semanas para reclamar la dimisión de la patrona mayor, Oliva Bonome, y la presentación de las cuentas económicas de la entidad pesquera.
El encierro concluyó con un enfrentamiento entre los distintos sectores de mariscadores en la playa mugardesa de A Barca, ante la presencia de efectivos de la Policía Nacional y de distintos representantes sindicales. Tras la reyerta, un policía acusó a Pintos de haberle golpeado en la cabeza con una piedra y de haberle pateado cuando cayó al suelo.
El secretario comarcal de la CIG aseguró que el proceso judicial es "una persecución" contra su persona "y contra el sindicato CIG" y temió que se dicte una "sentencia ejemplarizante" con la que se intente desmovilizar las protestas que se están produciendo en otros lugares de Galicia, en especial, las vinculadas al sector del naval en Vigo.
Pintos negó ante el juez la presunta agresión y aseguró ser una "víctima" de la carga policial que se produjo "sin motivos" contra las mariscadoras. Aseguró que "la administración de la Xunta" fue la verdadera "culpable de los altercados". Recordó que horas después de los enfrentamientos, fue destituido el entonces conselleiro de Pesca, Amancio Landín, y que su sustituto confirmó a los pocos días la ilegalidad en la que se encontraba la patrona mayor, Oliva Bonome.
"Estoy orgullo de participar en la defensa de la legalidad vigente y en la defensa de la clase trabajadora", aseguró Pintos, que recriminó que "se persiga" a los representantes sindicales, y se permita la "explotación laboral que realizan los empresarios".
Antes de la celebración del juicio, varias decenas de delegados sindicales de la CIG se concentraron ante los Juzgados de Ferrol para demostrar su apoyo al secretario comarcal.
