SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictamina que la Consellería de Medio Ambiente deberá abonar 8,2 millones de euros a parte de los propietarios de las fincas que fueron expropiadas para acondicionar el paseo fluvial de Pontiñas, en el municipios pontevedrés de Lalín, ejecutadas cuando Xosé Cuiña era conselleiro de Política Territorial.
El pago de esta cantidad se realizará a través del organismo autónomo Augas de Galicia y beneficiará a los dueños de 35 de las 105 fincas expropiadas para acometer estas obras de acondicionamiento. El TSXG rechazó el recurso de súplica presentado por Augas de Galicia por considerar que se sobrevaloraba el precio de los terrenos.
La primera fase del acondicionamiento del río Pontiñas a su paso por Lalín fue adjudicada a la unión temporal de empresas Indeza y Construcciónes Crespo en 1996 por un importe de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Previamente, el Gobierno del PP declaró en marzo de 1995 la utilidad pública y la urgente ocupación para la expropiación forzosa de los bienes afectados por las obras.
La actuación afectaba a 105 fincas, propiedad de 94 titulares. Parte de los afectados presentaron un recurso contencioso administrativo contra el decreto que había declarado la utilidad pública y la urgente ocupación, que fue anulado por el TSXG y, posteriormente, por el Tribunal Supremo, de forma que el procedimiento expropiatorio quedó sin efecto.
De los 8,2 millones de euros, 7,3 corresponden al valor de las fincas fijado por el tribunal, incluidos los intereses desde la ocupación de los terrenos hasta enero de 2006. A ello hay que añadir el cinco por ciento correspondiente al premio de afección (369,484,65 euros) y un diez por ciento sobre el valor actual de los terrenos establecido como 'quantum indemnizatorio' (453.501 euros).
