La adjudicataria presentó tres denuncias contra la Fundación Deporte Galego y acusa a la Xunta de "alentar" una huelga de sus trabajadores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consello de la Xunta ha autorizado a la Secretaría Xeral para o Deporte que intervenga la prestación del servicio integral de los complejos de titularidad autonómica de Elviña, Agra y Sardiñeira, en A Coruña.
Los trabajadores, que llegaron a protagonizar recientemente un encierro en las instalaciones de Elviña, habían solicitado al Gobierno autonómico que llevase a cabo esta actuación después de que se produjesen varios despidos y de la intención de la empresa de aplicar un expediente de regulación de empleo. De hecho, los empleados habían convocado una huelga que desconvocaron por el compromiso de la Xunta de actuar.
Al término de la reunión del Consello, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, informó del acuerdo que ha adoptado por las "deficiencias detectadas" en estas instalaciones de titularidad autonómica, y de cuya gestión se encargaba la unión temporal de empresa (UTE) de las empresas Gaia y Movex Vial.
Asimismo, el mandatario autonómico ha remarcado que esta actuación se debe a las "carencias que se han venido advirtiendo" y con el fin de "garantizar la prestación del servicio público", que se presta a más de 16.000 usuarios.
Las "deficiencias" motivaron un expediente de resolución contractual instado por la Fundación Deporte Galego y la UTE adjudicataria. De este modo, el servicio estará intervenido por el departamento autonómico mientras no se resuelve el expediente.
CONFLICTO CON LA EMPRESA
La Fundación Deporte Galego, que dependen de la Secretaría Xeral para o Deporte, y la empresa concesionaria mantienen un conflicto que ha llevado a la UTE a presentar tres demandas en los Juzgados de Santiago de Compostela para reclamar, por un lado, 3,8 millones de euros para compensar el número de abonados que aparecía en el contrato y que no se correspondía con el real.
Asimismo, otra demanda requiere unos 500.000 euros por usos gratuitos de convenios que tiene la fundación con entidades, y también reclama en una tercera demanda las inversiones en infraestructuras que le corresponderían a la fundación --y que la empresa cifra en otros 500.000 euros--.
La entidad pública envió una advertencia a la empresa concesionaria, que respondió con un documento el pasado viernes en el que da sus explicaciones. En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la concesionaria recuerda, en primer término, que la deuda del canon, que es "inferior" a lo que le debe a la Xunta, parte de un "error de la Fundación", ya que computó 2.163 abonados que "realmente no existían".
Al respecto, acusa a la fundación de "tratar de beneficiarse de su propio fallo tratando de ingresar un canon que la UTE ofreció en base a unos usuarios erróneos" y advierte de que existe un "evidente caso de mala fe contractual". El cobro del canon se aplazó en 2010, pero la fundación suspendió este aplazamiento y reclama el dinero, mientras que la empresa solicita que se abonen las cuantías denunciadas.
Asimismo, en el documento, la UTE responde que la fundación "nunca" respondió a las propuestas formuladas sobre las inversiones a realizar en las instalaciones e indica que durante el año 2013 "la inacción" de la entidad junto con el transcurso del tiempo y las condiciones meteorológicas provocaron "un empeoramiento del estado de las cubiertas", que se comunicaron a la fundación. En enero de este año se solicitó un nuevo informe pericial que concluye la necesidad de sustituir las cubiertas.
En este sentido, la empresa y ante la "gravedad de los incumplimientos imputados", pedía a la fundación que determine cuáles son las actuaciones que debía realizar la UTE.
ACUSA A LA XUNTA DE ALENTAR LA HUELGA
La empresa, en el escrito dirigido a la fundación, ve "grave" que esa entidad le haya imputado incumplimientos "deliberadamente rebeldes", y considera que, dadas estas acusaciones "merecían que al menos se detallasen y se indicasen los incumplimientos supuestamente cometidos".
Por otra parte, la empresa remitió los informes de "reorganización de personal" y señala que sólo se amortizaron cuatro puestos de trabajo, que aglutinaban el 9 por ciento de la masa salarial bruta y cuyos sueldos estaban por bastante por encima del promedio de los 85 restantes.
A este respecto, niega que "haya más despidos anunciados", y responde a la mención de la huelga invitando a "analizar la influencia que ha tenido en dicha decisión las constantes declaraciones efectuadas por ustedes (a los dirigentes) en los medios anunciando el rescate de la concesión y la readmisión de los trabajadores".
"Ustedes han alentado y promovido esta huelga, realizando una serie de promesas que se escapan a sus competencias y que, sinceramente, desconocemos cómo van a cumplir", añade la empresa.
