SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno acordó hoy imponer al Ejecutivo central su primer requerimiento de incompetencia por una orden estatal que convoca subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a alumnos con "necesidades específicas" de apoyo escolar. "Esta orden supone una clara invasión de nuestras competencias", argumentó hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Núñez Feijóo anunció la interposición de este requerimiento en base a la "necesidad" de defender los "intereses constitucionales y estatutarios" de Galicia frente a la "invasión competencial" del Estado que, insistió, "es lo que nos obliga a dar este paso".
En concreto, la Xunta sostiene que la materia en la que inciden las subvenciones es la "educativa" --competencia que le corresponde a la autonomía-- y que, por tanto, es ella la que tiene que desarrollar y convocar dichas ayudas, tras la territorialización de los fondos de acuerdo con "criterios objetivos".
Así, a pesar de que las ayudas están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro con un ámbito de actuación estatal o superior a una comunidad, la Xunta alega que las actividades que se pretenden subvencionar tienen un ámbito "muy localizado" desde el punto de vista territorial: "cada uno de los centros educativos, públicos o concertados, en los que se tienen que desarrollar".
Según el Gobierno gallego, la Administración central no puede "agotar" toda la "regulación" de estas ayudas a actividades de apoyo escolar, "centralizando" su gestión y "sin permitir" la participación de las autonomías.
"MEDIATIZAR" COMPETENCIAS
Del mismo modo, la Xunta considera que el Estado debe "limitar" su potestad de dictar legislación básica, convencida de que su "poder de gasto" en materia de subvenciones no puede "condicionar o mediatizar" el ejercicio de sus propias competencias a las comunidades autonómicas.
En este contexto, el Gobierno gallego acordó hoy la interposición de este requerimiento de incompetencia, reservándose el derecho a acudir al Alto Tribunal en el caso de que la respuesta no satisfaga los "intereses" de Galicia.
