La continental teme los efectos de la regulación de caudales ecológicos y la marina dice que se limita su crecimiento
A CORUÑA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Representantes del sector de la acuicultura gallega reclaman a la Xunta de Galicia "seguridad jurídica" para garantizar el mantenimiento y el crecimiento de esta actividad en la comunidad autónoma gallega.
En concreto, desde la continental, dedicada al cultivo de truchas, se alerta del posible cierre de plantas por los efectos de la regulación de caudales ecológicos, mientras que desde la marina --centrada en especies como el rodaballo, lenguado o mejillón-- denuncian que se está limitando su crecimiento.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha (Atrugal), Luz Arregui, ha alertado que "se han perdido puestos de trabajo y de producción".
"El sector está a un tercio de su capacidad", subraya al recordar que, en estos momentos, la producción está en 4.100 toneladas "cuando antes se producían 12.000 toneladas de trucha", indica sobre la especie que representa la actividad de 21 empresas y sus 28 plantas.
CAUDALES ECOLÓGICOS
De esta situación, Arregui culpa, más que a la crisis, a la "competencia" de países como Turquía y al menor "margen" respecto a la fijación de los precios. A ello, suma la preocupación en el sector en relación con la regulación de los caudales ecológicos.
Luz Arregui remarca que, después de los efectos que tuvo en el sector el canon de saneamiento que se implantó en 2001 "y que no solucionamos hasta hace unos años", ahora se enfrentan a una regulación que establece el caudal mínimo que deben llevar los ríos cada mes.
Sobre ella, asegura que no lo exige la Directiva Marco del Agua, que España debe acatar antes del 2015, y que los datos en los que se basa la Xunta "son irreales". "Algunos superiores a los del caudal del río", precisa sobre las limitaciones que se les impondrán para el uso del agua que hacen las piscifactorías.
POSIBLE CIERRE DE PLANTAS
La presidenta de Atrugal alerta de que esto podría abocar a algunas plantas al cierre por los efectos que tendría en su actividad y culpa a la Xunta de "generar problemas que no teníamos y de no solucionar otros que sí tenemos".
Por ello, reclama a las autoridades "seguridad jurídica" para garantizar el mantenimiento del sector. Mientras, sobre las críticas a su ubicación en zonas de Red Natura, responde que todas sus plantas estaban construidas "antes" de esta declaración y rechaza que hayan "deteriorado" estas zonas.
Con todo, preguntada sobre las perspectivas para el sector, afirma que "el mercado de la trucha se mueve" y que "para el año que viene, son buenas". En este sentido, recuerda que España exportó el año pasado 7.290 toneladas, lo que supuso un incremento del 1,64% respecto a 2012.
ACUICULTURA MARINA Y CRECIMIENTO
En el caso de la acuicultura marina, centrada en especies como el rodaballo o el lenguado, pero también en moluscos como el mejillón, Fernando Otero, representante de la Asociación de Productores de Robadallo de Galicia y directivo de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar), demanda "un marco" que permita "crecer" al sector.
En este sentido, remarca que la acuicultura marina --que genera en Galicia 700 puestos directos y se estima que 2,5 indirectos por cada uno directo-- lleva "años" pidiendo "un marco regulatorio adecuado". "Que sea seguro desde el punto de vista jurídico y que permita la rentabilidad de las explotaciones", insiste.
PLAN ACUÍCOLA DE LA XUNTA
Sin embargo, sobre el nuevo plan acuícola que ultima la Xunta, Fernando Otero afirma que "la mayoría de las ubicaciones -para nuevas plantas- de fácil tramitación, no sirven para desarrollar acuicultura". "El coste hace que no sean viables", apostilla.
Mientras, también se muestra crítico con la Xunta, al considerar que practica una "política pusilánime" en relación con los sectores críticos con la instalación de estas plantas. Al respecto, replica, ante las denuncias de ecologistas, que, para el sector, no son posibles, plantas más lejos de la costa y con menos tamaño.
"Hay que permitir un tamaño suficiente para que sea productiva", recalca. Además, tilda de "rigurosamente falso" que su actividad contamine y que afecta a la sostenibilidad ambiental. Al respecto, subraya que "no hay expedientes sancionadores".
Por el contrario, recalca que, en el caso de la marina, "hay varias empresas esperando a presentar proyectos cuando la Xunta termine y presente su plan", indica, tras recordar que el PP "suspendió" el que aprobó el bipartito gallego.
Del mismo, pide también que sea "realista" y que conceda a las empresas "ubicaciones aptas", reivindica para un sector que aglutina 10 empresas con 22 plantas, ubicadas en las provincias de Pontevedra, Lugo y A Coruña.
