SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El BNG pide que el Gobierno publique una Orden Ministerial que regule las ayudas a la flota española afectada por la suspensión de Protocolo de Pesca entre Mauritania y la UE.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura ha subrayado que las negociaciones para renovar dicho protocolo --suspendido el pasado 31 de julio-- "siguen abiertas", en respuesta a los reproches de la diputada del Bloque en el Congreso Olaia Fernández Davila. En concreto, la parlamentaria frentista ha criticado la "no publicación" de una Orden Ministerial que regule las ayudas a la flota española, afectada tras la suspensión de dicho protocolo.
En este sentido, Davila ha advertido que "muchos barcos gallegos y vascos" se vieron "obligados" a amarrar debido a la "falta" de caladeros "alternativos". Asimismo, ha criticado que la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, se "apresurase" a anunciar "en su momento" que se concedieran las subvenciones previstas en el Fondo de Pesca.
Por su parte, el Ministerio que preside Tejerina ha "lamentado" la suspensión parcial del Protocolo del Acuerdo de Pesca UE-Mauritania y ha tachado de "inaceptable", desde un punto de vista jurídico, la "interpretación" que Mauritania hizo con respecto a la fecha de expiración del Protocolo.
A pesar de las palabras de Tejerina, la diputada del BNG ha remarcado que "los afectados continúan a la espera" y que "seguirán", puesto que la Orden se está tramitando.
En esta misma línea, Davila ha cuestionado las "posibilidades" futuras de un nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania, así como si existen "otras alternativas" de pesca para la flota gallega del cefalópodo.
En respuesta a esto último, el Ministerio de Agricultura ha mencionado el Acuerdo de Pesca con Marruecos y Senegal y ha destacado la red de Acuerdos de Pesca de la UE, que, según ha dicho, "se ha reforzado durante esta legislatura".
Asimismo, ha avanzado que "ha promovido" la reactivación del Protocolo de Aplicación del Acuerdo con Guinea Bissau --suspendido desde el golpe de estado de 2012--, la cual entrará en vigor "a lo largo de este otoño".
