MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular exigiendo al Gobierno que tipifique el furtivismo en el marisqueo como delito en el Código Penal para endurecer las acciones legislativas contra esta "lacra" que "esquilma" los recursos.
Según consta en la iniciativa, que ha sido respaldada por PP y UPyD mientras CiU se ha abstenido y el resto de los grupos se han opuesto, las medidas adoptadas por las autoridades de algunas autonomías como Galicia para fomentar la colaboración entre los servicios de Guardacostas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el furtivismo "no han permitido erradicar esta práctica".
Por eso, se reclaman "mecanismos adecuados para dar respuesta a la actividad ilegal de los que, por una razón u otra, esquilman los recursos presentes, amenazan el futuro del mar y atentan contra la calidad de vida de los profesionales del mar, que trabajan de una forma honrada y civilizada, respetando las normas y colaborando para el futuro y la sostenibilidad de su actividad".
DELITO TIPIFICADO
Así, se insta al Gobierno a "impulsar las modificaciones legislativas que estime necesarias con el objeto de aumentar el reproche penal del furtivismo reincidente en el marisqueo, tipificándolo como delito en el Código Penal".
Además, se considera "necesario" avanzar en el "rigor" de la legislación, "reforzando su carácter disuasorio", de modo que la práctica reincidente del furtivismo sea considerada más que una falta, alcanzando la categoría de delito, ya que "cuando se practica se está perjudicando el futuro de miles de profesionales honrados y de sus familias".
"La experiencia demuestra que quienes practican el marisqueo furtivo lo hacen amparados por subterfugios y trucos legales, declarándose insolventes o recurriendo a todo tipo de encubrimientos", lamenta el Grupo Popular, que apunta que estas acciones finalizan "en muchos casos en total impunidad".
TAMBIÉN ES UN PROBLEMA DE SEGURIDAD
Y todo pese a suponer una "amenaza" sobre los recursos y sus ciclos biológicos y por haberse convertido además en un "problema de seguridad por los ataques a los bienes de los responsables de las organizaciones profesionales y cofradías".
"Son hechos inaceptables, que lastran la propia capacidad de gestión y ordenación de los recursos, y que hacen aún más urgente una actuación que endurezca el reproche penal del furtivismo reincidente. Esta lacra debe eliminarse, y para ello hay que profundizar en medidas que tengan mayor eficacia", zanja la iniciativa.
