SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Responsables de la Consellería de Pesca analizaron hoy junto a los demás representantes de las administraciones autonómicas y el director general de Ordenación Pesquera del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Juan Ignacio Gandarias, el paquete de medidas económicas aprobadas en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) del 15 de julio para paliar la crisis que atraviesa el sector pesquero por el alza del precio del combustible.
El representante del departamento de Elena Espinosa presentó en Madrid el Reglamento comunitario, consensuado por el conjunto de estados miembro y finalmente formalizado el pasado 24 de julio en la comisión de Justicia de la UE. Esta iniciativa inyectará 600 millones de euros entre los socios comunitarios para hacer frente al encarecimiento del petróleo.
Gandarias abordó los detalles del citado Reglamento europeo que recogerá ese conjunto de actuaciones específicas y que supondrá la modificación del actual Fondo Europeo de la Pesca (FEP), con objeto de apoyar a la flota pesquera española, según informó el Ministerio en un comunicado.
La Secretaría General del Mar señaló que la propuesta de la Comisión significará una reorientación del FEP y la necesidad de planificar las previsiones financieras.
Además, se ha propuesto la celebración de una reunión técnica con la Comisión Europea durante la primera quincena de septiembre para aclarar los diferentes puntos del nuevo Reglamento.
Las medidas, que tienen un carácter exclusivamente voluntario para la flota pesquera, implican el compromiso de los armadores individualmente o de flotas específicas de realizar acciones de reestructuración o incorporarse a un programa de adaptación de la flota.
Por su parte, el secretario general de la Consellería de Pesca, Miguel Anxo López Sieiro, y el director general de Estructuras e Infraestructuras de la Pesca, José López reiteraron la "satisfacción" de la Administración autonómica gallega ante el nuevo Reglamento comunitario, sobre todo en materia de desguaces. La UE contabilizará la reestructuración de la flota impulsada en los últimos años por los gobiernos autónomo y central, una propuesta que limita el objetivo inicial, que preveía la desaparición de un 30 por ciento de la flota comunitaria.
