El Grupo popular aprueba dar preferencia en las ayudas a los grupos de acción costera a los proyectos centrados en profesionales del mar
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La oposición ha reclamado de forma conjunta a través de una propuesta realizada por el BNG --apoyada por PSdeG y AGE-- en la comisión de Pesca del Parlamento gallego que se archiven las citaciones y expedientes sancionadores abiertos a marineros del cerco por la protestas que protagonizaron el pasado mes de marzo en Galicia, una cuestión que ha rechazado el Grupo Popular.
En su toma de la palabra, el diputado Daniel Rodas (BNG) ha exigido que se retiren estas multas a marineros, que "no les quedó más remedio que movilizarse" para que el Gobierno gallego los escuchara en sus demandas sobre el reparto de la cuota del jurel y la caballa. Unos expedientes que identifica con "una estrategia de amedrentamiento" a través del uso de "los medios de fuerzas públicas".
Al respecto, ha señalado que se han notificado a muchos marineros sanciones por participar en estas protestas que llegan "hasta los 150 euros", mientras se busca "amedrentar" a aquellos que solicitaban la autorización de movilizaciones con multas van desde los 300 a los 6.010 euros, mientras se "conculcan" sus derechos.
En su iniciativa instaba a la Xunta a la demandar a la Delegación del Gobierno el archivo de estos expedientes, por lo que cree que el Gobierno gallego "renuncia a defender a sus pescadores", mientras el Gobierno "no tuvo reparo en perseguirlos y acusarlos", así como de "emplear al violencia" contra ellos.
Especial hincapié ha hecho la oposición en dirigir sus críticas hacia la figura del hasta ahora delegado del Gobierno, Samuel Juárez, y su actuación durante estas protestas, a quien el diputado Juan Fajardo (AGE) acusa de "permitir actuaciones absolutamente violentas contra los manifestantes" y de tratar "a palos" a los marineros a través de "un modelo de represión" contra los trabajadores.
Al respecto, Fajardo ha denunciado las "dos varas de medir" del Partido Popular, ya que mientras "se azota" a los marineros, "perseguidos y apaleados", permite que "imputados por regalos de la hostia continúen en la Cámara", en referencia a la diputada Paula Prado,
En esta línea se ha manifestado el diputado socialista José Ramón Val, quien cree una reclamación "totalmente justa y coherente" que se retiren las sanciones al sector del cerco, ya que primero padecieron, a su parecer, "la incompetencia" de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respecto a sus demandas, y "después de haber sufrido golpes y palos del Gobierno", ahora reciben "un nuevo golpe a sus bolsillos por manifestarse".
SANCIONES NO SON COMPETENCIA DE LA XUNTA
En cambio, el Grupo popular ha desechado apoyar esta propuesta, ya que señala que las sanciones impuestas no son competencia de la Xunta, sino del Estado, dado que la Policía autonómica no ha abierto ningún expediente por esta causa, y ha asegurado que el Gobierno gallego "demanda la máxima objetividad de procedimientos sancionadores".
Así, ha defendido que los cuerpos y fuerzas de seguridad "no actúan de forma partidista", ha negado que el delegado del Gobierno tenga capacidad de "amedrentar" y ha recordado que los expedientes no se inician por participar en una manifestación, sino por cuestiones como "poner en riesgo la seguridad pública".
En su turno de réplica, Daniel Rodas ha acusado al PP de que "actúa como una mafia", porque durante el conflicto de la caballa, ha asegurado que "desde el equipo de la conselleira (Rosa Quintana)" se "intentó desmontar la movilización" a través de llamadas a algunos de los líderes de las protestas para hacerles saber que se les iban a "congelar" subvenciones.
El sector del cerco protagonizó diversas protestas a lo largo del invierno pasado en Galicia por el reparto del jurel y la caballa. La manifestación principal tuvo lugar el 11 de marzo en Santiago y acabó en el Parlamento gallego tras haber cambiado el recorrido. Frente al Pazo do Hórreo comenzó una carga policial y el enfrentamiento entre agentes de intervención y los manifestantes.
GRUPOS DE ACCIÓN COSTERA
Sí que ha salido adelante en esta comisión una proposición no de ley del Grupo Popular para instar a la Xunta a que en el marco de mejoras a introducir en el funcionamiento de los Grupos de Acción Costeira (GAC) se establezcan las modificaciones necesarias para proporcionar una mayor intensidad de apoyo en el sector marítimo, y para que se financien de forma preferente aquellos proyectos que se dirijan a estos profesionales. La oposición se ha abstenido de apoyar la iniciativa, porque considera "acrítica" la postura de los populares sobre la situación actual de estos grupos.
Por su parte, el PPdeG ha rechazado una iniciativa del PSdeG -respaldada por AGE y BNG-- para que el Gobierno reconozca al colectivo de submarinistas como profesionales dentro del régimen especial de trabajadores del mar, y que se reúna a la Comisión Galega de Mergullo Profesional para establecer, entre otras cuestiones, un convenio colectivo.
El diputado José Ramón Val ha demandado que se reconozca a los buzos que "su actividad tiene unos riesgos" y se le dé "el mismo trato que a otras actividades". Sobre este extremo, Daniel Rodas ha subrayado que "es una profesión de alto riesgo que en estos momentos no está regulada", mientras que Fajardo ha lamentado que este colectivo, que realiza una actividad con riesgo "extremo", tenga unas condiciones laborales "precarias".
Sin embargo, el diputado popular José Manuel Balseiro ha dicho que los populares no pueden apoyar una medida "tan genérica", sin que haya una petición "más concreta", al tiempo que ha recordado que desde 2013 las enfermedades profesionales subacuáticas están reconocidas.
