SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Mar considera "inevitable" la retirada de un número "relativamente elevado" de embarcaciones al término del actual proceso de regularización y actualización del Registro de buques y del Censo de la Flota Pesquera Operativa, aunque reiteró su intención de "seguir trabajando y debatiendo" con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para evitar esa situación.
Pese a admitir que esa retirada "pudiera ser temporal", insistió en que dejará inoperativa "parte de la flota pesquera gallega". "No es asumible que una parte de los marineros gallegos tengan que quedarse en casa", aseveró el director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Carlos Maneiro, que hoy compareció en la comisión parlamentaria de Pesca y Marisqueo para responder a una pregunta sobre esta cuestión del portavoz de Pesca del PPdeG, José Manuel Balseiro.
El representante de la Consellería do Mar informó de que, por el momento, el MARM y el Ministerio de Fomento no han aprobado una ampliación del plazo establecido y que expira a finales de octubre. "Es un proceso complejo que, a lo largo del tiempo, se fue complicando más", reconoció, para añadir que todavía no está "definido de todo" y, por ello, entendió que no será posible resolver todos los expedientes pendientes en el plazo previsto.
Maneiro Cadillo precisó un total de 2.415 embarcaciones presentaron una solicitud para acogerse a este proceso. De ellas, 2.244 pidieron un informe a alguna Capitanía Marítima de la comunidad y 641 todavía están pendientes de recibirlo, mientras que otras 596 demandaron lo mismo a la Secretaría Xeral do Mar que aún no ha respondido a 33 de esas peticiones.
En este sentido, destacó que las capitanías marítimas llegaron a elaborar tres informes distintos para una misma embarcación, circunstancia que, como subrayó, "ralentizó el proceso" al crearse un "cuello de botella" en las entidades dependientes del Ministerio de Fomento.
Por su parte, el portavoz de Pesca de los 'populares' gallegos trasladó su "preocupación" ante la posibilidad de que no se amplíe el plazo de resolución de las solicitudes y por que se den de baja "de oficio" un "alto" número de embarcaciones. Asimismo, exigió que, en ese caso, el Gobierno central devuelva a los armadores los cerca de 800 euros que, de media, invirtieron en el proceso para obtener los informes de las capitanías marítimas, aseveró.
