SANTIAGO/MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Pescanova mantiene un litigio en el Tribunal Supremo contra la Administración General del Estado, a la que reclama una indemnización, después de que la Comisión Europea considerara ilegal una ayuda de Estado a la pesquera, según consta en el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, se trata de un procedimiento contra el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que "se desestimó su solicitud de indemnización con motivo de la decisión de la Comisión Europea de declarar la amortización del fondo de comercio una ayuda ilegal de Estado".
El fondo de comercio cuya amortización fiscal no se admite se cifra en 35 millones de euros.
El pasado mes de agosto de 2012, la Comisión Europea abrió una investigación para determinar si la empresa de acuicultura Ultracongelados Antártida, perteneciente al grupo Pescanova, se había beneficiado de ayudas públicas ilegales para contribuir a modernizar sus instalaciones de procesamiento, por tratarse en su caso de un gran grupo empresarial.
"La Comisión ha abierto una investigación formal, esencialmente porque tiene dudas relacionadas con la compatibilidad de este tipo de ayuda con el mercado interior, especialmente cuando se trata de empresas grandes", explicó en ese momento el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Por otro lado, el informe también menciona cuatro procedimientos laborales seguidos por los trabajadores de Interperche contra la sociedad y Pescanova Francia. Aunque ésta última fue absuelta, Pescanova fue condenada, solidariamente con Interperche, al pago de las indemnizaciones correspondientes por un importe total de 1,11 millones de euros.
La pesquera ha presentado recurso de apelación contra dicha resolución, que se resolverá el próximo 18 de junio.
Por último, también en materia judicial, la multinacional se encuentra a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el procedimiento por despido de su expresidente Manuel Fernández de Sousa contra la pesquera, a la que solicita la improcedencia del despido e indemnización de 663.000 euros.
