Le pide que posibilite la licitación tras rechazar la Administración autonómica que la actividad marisquera dificulte hacerlo
A CORUÑA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha acusado a la Xunta de "obstruir" la licitación del proyecto de regeneración de la ría de O Burgo y le ha pedido que la posibilite "certificando la total disponibilidad de los terrenos".
En un comunicado, y después de que la Xunta apelase a un informe de la asesoría jurídica para rechazar que la actividad marisquera dificulte la licitación, la subdelegada del Gobierno afirma que "la tramitación depende exclusivamente de esta certificación".
"Y negarse a emitirla es bloquear de manera intencionada la regeneración de la ría". "La Xunta no puede escudarse en que el obligado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno se trata de un simple formalismo ya que con esto en realidad le está pidiendo que incumpla la legalidad", añade.
López-Rioboo reclama que la Xunta "asuma de una vez por todas sus responsabilidades y competencias en materia de marisqueo, que son exclusivamente de la comunidad autónoma, por lo que las decisiones sobre el marisqueo y sus concesiones le corresponden por completo, por mucho que quiera responsabilizar al Gobierno de España".
INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA
Asimismo, lamenta "que trate de escudarse en disquisiciones de su asesoría jurídica, en razonamientos que poco parecen tener relación con la licitación ya que la Xunta es perfectamente conocedora de su obligación de certificar la disponibilidad de los terrenos, tal como le has trasladado con total detalle la Abogacía del Estado".
Pilar López-Rioboo reitera que el Gobierno "dispone del dinero, está en disposición y tiene la total voluntad de licitar la obra, aunque no puede seguir avanzando si no se cuenta con el imprescindible apoyo de la Xunta, ya que es necesario que desde la Consellería do Mar se desbloquee el trámite de certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades que impidan considerar que exista plena disposición de dichos terrenos".
"Este requisito --recalca-- debe cumplirse previamente a la aprobación del expediente de contratación, es decir; de su licitación", asegura remitiéndose a la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017 con el gobierno del PP.
