28 de mayo de 2020
17 de marzo de 2008

Unos 50 funcionarios se encierran en la Delegación de Hacienda para reinvindicar mejoras salariales

PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entre cuarenta y cincuenta funcionarios de Justicia de Baleares se encuentran encerrados en este momento en la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Baleares, en la calle Cecilio Metelo, en Palma, como forma de protesta por el fracaso en las negociaciones con el Ministerio de Justicia para desbloquear la huelga que mantienen desde el pasado 4 de febrero.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSAP-CCOO, Javier Luna, destacó que ésta es una escenificación más de la situación de bloqueo en la que se encuentra el colectivo, que ya ha llevado a cabo actuaciones similares de encierro en la comunidad y en el Ministerio, para denunciar lo que, en su opinión, supone una desatención grave de las exigencias y demandas del colectivo.

La semana pasada, unos 70 funcionarios entraron en las dependencias de la Delegación de Gobierno en Baleares con la intención de presentan en el registro "uno por uno" una veintena de documentos, con el objetivo de colapsar dicho servicio, como forma de protesta por la falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia en las sucesivas negociaciones.

Esa misma semana, los sindicatos exigieron al PSOE que cumpla con su compromiso electoral e incremente el diálogo social impulsando una negociación real "y con voluntad política" que dé respuesta a las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan en huelga indefinida 34 días.

Luna recordó, en declaraciones a Europa Press, que son más de 100.000 las actuaciones judiciales suspendidas en todo el país y que en las islas su número se cuenta por millares, causa por la que instó a los responsables políticos a que convoquen una reunión formal y seria donde se planteen soluciones efectivas al conflicto.

Se trata, según recordó, de igualar la situación de todos los funcionarios del país y de no permitir discriminaciones salariales entre las Comunidades con las competencias transferidas y las que no las tienen. Algo que Luna consideró "sencillo" y que afirmó "no es una reivindicación abusiva como afirman".