PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El 70 por ciento de la población de las islas prefiere como fuente de información sexual el entorno familiar, según ha señalado este domingo el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB), que destaca este hecho "ante la inminente aplicación" de los artículos de la nueva ley del aborto que obligará a impartir educación sexual en las escuelas.
En un comunicado emitido un día antes de que dé inicio el nuevo curso escolar, esta entidad remarca que, según se establece en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, se incorporará la formación sexual y reproductiva al sistema educativo, algo que critican porque el "Estado se entromete en la intimidad" de los alumnos.
Asimismo, el IPFB hace hincapié en que la impartición obligatoria de determinados contenidos de educación sexual "contraviene la legislación fundamental internacional" y que, por tanto, estas materias "no pueden tener carácter obligatorio" puesto que, en el caso de que lo tuviera, sería "absolutamente ilegal" y los padres tendrían derecho a oponerse a que sus hijos la reciban.
La administración, según considera, "excede" sus competencias e "invade la esfera privada de las familias" puesto que "pretende imponer" a los menores de entre tres y 16 años una "forma concreta de concebir y vivir la sexualidad".
Según incide, la formación en el ámbito de la sexualidad conlleva una "dimensión moral indiscutible", y por tanto, cualquier programa que aborde esta dimensión "deberá contar siempre con la aprobación expresa de los padres, sin que ningún gobierno pueda imponerla".
El Instituto también lamenta que la formación no vaya a ser impartida por los profesores del centro, sino por "personal sanitario externo designado por la administración".
De esta forma, no será posible que los colegios o institutos "apelen a su ideario para oponerse" puesto que serían "acusados de no colaborar con la salud pública". Por ello, entiende que los centros deben defender "su derecho al ideario propio".
El IPFB también critica que la Ley Orgánica no especifique cómo se van a llevar a la práctica las medidas de educación previstas. "Queda claro, una vez más, que el Gobierno no tiene intención de ceder en su actitud de manipular las conciencias de los menores, cuando lo que debería hacer es garantizar los derechos de los padres", concluye.
