PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del turno de oficio de Baleares han atendido entre el hasta el 15 de julio de este año un total de 13.143 solicitudes de justicia de los ciudadanos, lo que supone una media diaria de 67 peticiones o de 2.022 al mes, según datos del Colegio de Abogados de Baleares.
Estos datos revelan que durante el año 2009 se abrieron un total de 25.758 expedientes, cifra que supera en un 25,7 por ciento a la obtenida en 2008.
Según señala en un comunicado el Colegio, la situación de recesión económica explica el incremento experimentado en 2009 por el trabajo de los abogados de justicia gratuita, siendo los expedientes relacionados con la jurisdicción civil (desahucios, liquidaciones de cantidad, etcétera) son los que más crecieron, aunque los casos de incidencia penal son los que concentran la mayor parte de las peticiones.
A ello hay que añadir, recalca el Colegio, los miles de ciudadanos que recibieron orientación y atención jurídica especializada en las oficinas de atención a las víctimas de delitos y en los diferentes servicios que, al margen del turno de oficio, el Colegio pone a disposición de los colectivos más desfavorecidos, como las personas mayores de 65 años, discapacitados, víctimas de la violencia de género y la población reclusa.
Datos y cantidades que, en todo caso, dan buena cuenta de la importancia del trabajo que realizan los abogados adscritos a estos servicios, los únicos que garantizan el acceso a la justicia gratuita de las personas que no disponen de recursos suficientes para litigar y la defensa de los intereses legítimos de los colectivos más vulnerables.
El ingente volumen de trabajo de los letrados del turno de oficio, las miles de personas que se atienden anualmente, y el hecho de que la asistencia letrada está garantizada las 24 horas los 365 días al año demuestran que el modelo de asistencia jurídica gratuita funciona.
Precisamente por ello, el Colegio de Abogados de Baleares expresó su firme adhesión a la campaña que lleva a cabo el Consejo General de la Abogacía Española para defender el actual sistema y oponerse a cualquier tentación de los poderes públicos de acometer recortes presupuestarios en la prestación de un servicio que se ha consolidado desde hace años como un instrumento esencial en el derecho de defensa y en la tutela judicial efectiva de los colectivos desfavorecidos.
