PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Joan Serra, arquitecto encargado de la tramitación dirigida a obtener un interés general que afectaba a la finca del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, aseguró hoy que mediante este procedimiento se pretendían legalizar "únicamente" las cuadras del ex primer edil y no la otra edificación que posee en la zona y que presuntamente constituye la vivienda particular de Vidal, ubicada en suelo rústico.
Así lo expuso en su declaración en el marco del juicio por el caso Caballistas que se celebra desde ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y que previsiblemente finalizará el jueves, donde manifestó asimismo que la edificación supuestamente destinada a la vivienda unifamiliar del ex primer edil tenía más de 26 años -cifra que aportó ayer Vidal- y que estaba amparada por la legalidad o, aún si se había producción infracción urbanística, ésta había prescrito por su antigüedad.
Tal y como incidió al respecto, esta construcción tenía "un uso indefinido" y su distribución era la propia de una vivienda. Señaló en concreto que esta propiedad se dividía en dos partes antiguas, la baja y la alta del inmueble, y especificó que en el interior de esta última se habían producido reformas al igual que en los exteriores de ambas plantas.
Durante su comparecencia, el arquitecto apuntó que fue la Agrupación de Caballistas de Ses Salines la que le encargó que tramitase la solicitud de interés general concedida por el Consell de Mallorca, a fin de formalizar la actividad de la entidad hípica en la finca de Vidal, de modo que acudió a la Institución Insular para comprobar a qué organismos tenía que solicitar los informes, y le remitieron a las Consellerias de Presidencia y Deportes, Agricultura, Turismo y Medio Ambiente.
Así, desde Deportes le comunicaron que debía acreditar documentalmente que la parcela se iba a destinar a la actividad de los caballistas, tal y como le trasladaron los técnicos de las demás Consellerias.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ses Salines entregó al arquitecto un informe de antigüedad que determinaba, en relación con la construcción principal, que la posible infracción había prescrito.
Un edificio que, según dijo, ya se venía empleando antes de 2005 (cuando se pidió el interés general) como sede social, y recalcó que antes de adecuarla mediante diversas obras, la planta baja era una antigua cuadra y la parte de arriba podía ser habitable. "No sé si se habría hecho con el objetivo de usarse como vivienda, pero seguía siendo utilizada como sede social", remarcó al respecto.
OTROS TESTIGOS
Previamente a su declaración, ya había comparecido a primera hora de la tarde el caballista Bernardo Galmés, quien manifestó que los miembros de la asociación "hacían las cosas allí", aseverando no obstante que "nunca había ensayado" en la finca, para después participar en los espectáculos ecuestres. Por su parte, el ex regidor de Selva, Cristóbal Barceló, manifestó haber presenciado en ferias la actuación de los caballistas a partir de 1995, recordando en concreto la Fira de la Oliva de Caimari.
Asimismo, el regidor del Ayuntamiento de Montuïri Jaume Bauzà apuntó que en el municipio actuaron los caballistas tras ser contratados por el Ayuntamiento, pese a que como concejal no le consta ninguno de estos actos sino que "se contrataron espectáculos ecuestres", al tiempo que el ex regidor en este mismo cargo, Mateu Fiol, recordó haber contratado caballistas "pero eran de Inca".
Por último, el también ex concejal en el mismo consistorio apuntó que los caballistas de Ses Salines actuaron en Montuïri porque "los vi" y eran identificados "como una asociación".
Está previsto que el resto de testigos declaren mañana hasta el mediodía, para después comenzar con la exposición de informes y conclusiones finales por las partes, lo que podría alargarse hasta el próximo jueves, cuando el juicio quedará definitivamente visto para sentencia.
En concreto, de los 14 acusados -doce de ellos del PP-, es el ex primer edil de Ses Salines quien se enfrenta a la mayor pena -seis años de prisión, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades.
También están acusados el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, sobre quienes pesan cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por el mismo delito, además del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens (tres años de cárcel y cinco de inhabilitación).
El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
