Armengol resalta que la aprobación ha contado con la "gran lealtad y apoyo" del PP
PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Alcaldes, que se reunió esta mañana en la Escuela de Hostelería de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha contado con la presencia de los primeros ediles de 53 municipios de Mallorca, ha aprobado por asentimiento los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de la isla, que desempeñará tareas de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo y litoral.
Tras el encuentro, que estuvo presidido por la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, consideró un "paso histórico y gigante" el visto bueno dado a los estatutos, que contó, según subrayó, con la participación activa y la "gran lealtad y apoyo" del PP, que también dio su voto a favor. En concreto, se prevé que el nuevo órgano se ponga en marcha a partir de enero de 2009.
La reunión se ha enmarcado dentro del calendario de acciones previsto de cara a la puesta en marcha de la Agencia, y que establece que previsiblemente el pleno de la Institución Insular del próximo 28 de julio lleve a cabo su aprobación inicial, para que, tras ser publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), se abra un periodo de exposición pública durante el cual puedan presentarse alegaciones al proyecto.
Tal y como resaltó Armengol, se trata de un día de "satisfacción" ya que el paso llevado a cabo permitirá "frenar cuestiones que desgraciadamente han afectado al suelo rústico desde hace muchos años", por lo que recalcó la necesidad de que Ayuntamientos y Consell trabajen conjuntamente a través del nuevo órgano, mediante la adhesión de los municipios a la Agencia y la delegación de sus competencias de inspección urbanística al Consell. "Queda mucho camino por hacer", aseveró, sin embargo.
Por su parte, el alcalde de Marratxí, José Ramón Bauzà (PP), puntualizó que durante el periodo de alegaciones la formación 'popular' propondrá la incorporación de medidas dirigidas a procurar una mayor participación de los Consistorios, "real, directa y activa", en el consejo de dirección del ente, independientemente de su color político. "Pedimos tener voto además de voz", incidió.
En estos mismos términos se pronunció el portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, quien afirmó que los alcaldes 'populares' han sido "los grandes triunfadores" en la jornada de hoy, al haber dejado "aparcadas" las discrepancias iniciales, cuando el partido proponía la formación de un consorcio. Asimismo, lamentó que en el consejo de administración el PP sólo cuente con dos representantes de los ocho que lo integrarán.
Al mismo tiempo, el conseller de Cooperación Local en la Institución Insular, Miquel Rosselló, aseveró que se trabajará para conseguir una fórmula jurídica destinada a que los alcaldes puedan votar cuando se debatan cuestiones referidas a su territorio, cuestión que también ratificó la máxima responsable del Consell.
En cuanto a la composición del consejo de dirección, estará integrado por el presidente o presidenta, los vocales -que serán cuatro en representación de los Ayuntamientos que hayan delegado competencias, tres por parte de los grupos políticos diferentes al que pertenece la presidenta de la Institución supramunicipal, y cuatro técnicos del Consell-, además de un representante de cada una de las asociaciones de los municipios.
También Armengol informó de que durante la Asamblea de Alcaldes se acordó la creación de una Comisión de estudio para "afinar" la situación económica, los gastos que ocasionen y las partidas que aportarán los Consells y municipios. En este sentido, apuntó que la puesta en marcha del órgano supondrá unos costes que inicialmente serán asumidos por el Consell.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AL CONSELL
En concreto, la Comisión se encargará de estudiar los posibles modelos de convenios que se establecerán con cada uno de los 53 municipios para que éstos deleguen sus competencias de inspección urbanística al Consell, de modo que cada uno de ellos cuente con unas cláusulas distintas. "Cada Ayuntamiento delegará acciones sin perder información y procurando que haya peso político del Consistorio dentro de las decisiones que se adopten", aseguró Armengol.
Las funciones del ente serán, principalmente, la inspección y vigilancia urbanística de los actos de edificación y los usos del suelo, la adopción de medidas cautelares previstas en la normativa urbanística o la instrucción de los expedientes de reposición de la legalidad y de los expedientes sancionadores por infracción urbanística.
Asimismo, se encargará de la formulación en las administraciones de las solicitudes que crea pertinentes, la denuncia ante el Ministerio Fiscal de los hechos que se consideren objeto de delito, o de imponer sanciones a las personas responsables de las infracciones urbanísticas, entre otras funciones. Los municipios podrán delegar así las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística al Consell de Mallorca.
