El juez decidirá si les deja en libertad con cargos u ordena su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga
PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS)
La ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antoni Ordinas, y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, han llegado pasadas las 09.00 horas a los Juzgados de Vía Alemanya, de Palma, donde han pasado a disposición judicial para ser interrogados por el juez de instrucción número 9, Enrique Morell, y el fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, por la supuesta trama de corrupción política gestada durante la pasada legislatura.
Kurt Viaene fue detenido ayer y está relacionado con el cobro de comisiones que exigía Ordinas. En cambio, la ex gerente del CDEIB y su mujer y administradora única de 'Gabinete Alays SL, Isabel Rosselló, así como los otros tres arrestados han agotado el plazo de 72 horas que fija la Ley para tener arrestada a una persona en los calabozos de la Policía Nacional antes de que pase a disposición judicial.
También han llegado a los juzgados los empresarios, Jaime Julio Fernández Abad de 76 años, y administrador de 'Sayju 2005 SL' y 'Franco Galaica de Inversiones SL', ambas sitas en Palmanova (Calviá); y Joan Roselló Borrás, administrador del 'Estudi Joan Rosselló SL' y de 'Fires Geremi SL, de 48 años, así como la esposa del primero, Daniela D.N. La última en llegar fue la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló, quien ingresó en los calabozos de los Juzgados a las 09.40 horas.
Todos ellos han llegado a los Juzgados de Via Alemania esposados y ninguno se ha tapado la cara, excepto los dos empresarios. La primera en llegar fue Ordinas, a las 09.07 minutos, quien, tras ser preguntada por los periodistas, aseguró que "no voy a hacer ninguna declaración a los medios por el momento, pero las haré".
Tras interrogar a los seis detenidos, el magistrado decidirá si les deja en libertad con cargos o si ordena su ingreso en prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de que puedan entorpecer la investigación judicial, teniendo en cuenta que la malversación de caudales públicas podría haber alcanzado los 5 millones de euros.
Además de estos arrestados, se encuentran imputadas otras siete personas en relación a esta operación, denominada Scala, y desarrollada en colaboración con la Agencia Tributaria de Baleares y los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica. Así, también fueron detenidos y puestos en libertad con cargos Crescencia. M. C., administradora de 'Fires Geremi SL' y apoderada de 'Estudi Joan Rosselló', de 48 años; Felipe Bravo., de 36 años, administrador de la empresa 'Gourmet and Boutique Islands SL' y con relación en "Comarca Global Consulting'; Juan J.V.J., empresario de 'Divulgalia SL' y 'Quid Grafic SL', de 46 años; María V.G.M., administradora de 'Taller Gráfic 3,1,SL', de 45 años de edad; y los empresarios Mateu M.R, Francisco M.C. y Manuel S.V.
Se trata de una nueva operación contra la corrupción en Baleares relacionada con la gestión del Partido Popular en la pasada legislatura, bajo la máxima dirección de Jaume Matas. Concretamente, el Ministerio Fiscal investiga si Ordinas, que está defendida por el abogado Eduardo Valdivia, podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de 5 millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio, entre la que se encontraría su propia mujer, a la que contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.
La Fiscalía Anticorrupción lleva semanas investigando toda la documentación existente, facilitada en gran parte por la actual Conselleria de Comercio, de la que depende el CDEIB, que pueda arrojar luz sobre la supuesta trama de corrupción urdida por Ordinas durante la época de Matas, y que el actual Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Francesc Antich, detectó y denunció a la Fiscalía Anticorrupción.
El operativo fue dirigido por la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marin, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Durante los últimos días, se realizaron varios registros en los inmuebles de los sospechosos, entre los que se encontraban el de Ordinas y Rosselló. Esta última figura como la titular de una empresa -Gabinete Alays S.L-, a la que Ordinas adjudicó, vía el CDEIB, informes por valor de 86.000 euros.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del Consorcio. El Ejecutivo pidió a Ordinas y al entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que hicieran efectivo las cuantías que adeudaban. Viaene devolvió el dinero, pero Ordinas siempre se negó en rotundo asegurando que se trataba de partidas necesarias para pagar las elevadas dietas.
