PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) - -
El secretario general del PSM-Entesa, Gabriel Barceló, acusó hoy al president del Govern, Jaume Matas, de dejación de funciones por permitir que el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ostentara un cargo público en la Administración autonómica y al mismo tiempo mantuviera una empresa privada en su domicilio particular.
Al respecto, Barceló apuntó al Ejecutivo autonómico de ser el responsable directo de que no se haya respetado la Ley de inriticó que el Govern haya incumplido la Ley de incompatibilidades que establece que ningún cargo público puede tener cualquier otra actividad mercantil, industrial o laboral pública o privada, "que no se ha respetado".
Los nacionalistas expusieron hoy en rueda de prensa su postura sobre la presunta trama de corrupción urbanística, en la que estuvieron además Barceló, la portavoz en el Parlament, Joana Lluïsa Mascaró, y el portavoz en el Consell, Antoni Alorda.
Así, explicaron que el próximo martes, en el Pleno del Parlament preguntarán al president del Govern, Jauma Matas, "si tiene pensado emprender medidas sobre el alcalde del municipio de Santa Margalida, o, si por el contrario, va a esperar hasta que la Guardia Civil entre en el despacho del regidor como hizo el pasado lunes en Andratx.
Alorda anunció que también formularán una pregunta al conseller de Turismo, Joan Flaquer, sobre "el coste que cree que tendrá una campaña de promoción para limpiar la imagen ante los hechos de corrupción urbanística protagonizados por el PP" y lamentó la "pérdida de prestigio y de dinero que nos está suponiendo a todos que se esté comenzando a equiparar a Mallorca con lo que representa en este momento la palabra Marbella".
También Alorda explicó el contenido de otra pregunta dirigida al conseller de Medio Ambiente, Joame Font, sobre qué estudios se basa para que las montañas y los ANEIs (Área Natural de Especial Interés) de la Serra de Tramuntana que afectan al municipio de Andratx.
Por su parte, la portavoz del Parlament, apuntó la necesidad de aprobar una Ley anticorrupción, que implique a todas las Administraciones que tienen capacidad y responsabilidades legales de investigar (Hacienda tributaria, Guardia Civil y Policía), que facilite más recursos y medios para luchar contra este tipo de prácticas.
