PALMA DE MALLORCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves a siete personas acusadas de formar una organización criminal que se dedicaba a usurpar la titularidad de pisos que no eran de su propiedad para alquilarlos, y que supuestamente coaccionaba a los inquilinos para el cobro de las rentas.
En concreto, se les acusa de organización criminal, falsedad en documento mercantil, estafa, coacciones agravadas, estafa procesal, desobediencia y falso testimonio. La Fiscalía pide para ellos penas que conjuntamente suman 49 años de prisión.
La Fiscalía sitúa como líder de la trama a un hombre que ostentaba el cargo de administrador de tres edificios, que en 2014 comenzó a figurar en los registros de unas comunidades de propietarios de Palma como propietario de varios apartamentos. El fiscal señala que no se conoce de qué manera lo logró.
Ese mismo año, el acusado remitió un burofax a la administradora afirmando ser el propietario de una serie de apartamentos, y comenzó a ejercer como titularidad en las juntas de la comunidad. Sin embargo, la Fiscalía recalca que ni él ni otros de los procesados figuran como titulares en el Registro de la Propiedad.
Así, el fiscal les acusa de haber actuado "de manera coordinada y estructurada", con un "constante reparto de roles", para alquiler apartamentos que sabían que estaban vacíos, porque habían fallecido los dueños o residían en el extranjero. De este modo, según la versión del fiscal, se hicieron pasar por los propietarios para alquilarlos a terceras personas y cobrar las rentas.
La Fiscalía detalla que contrataron cinco contadores y que coaccionaban a los inquilinos dejándoles sin luz o agua como medidas de presión para cobrar las rentas.
