PALMA DE MALLORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección de Refuerzo de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este lunes, a partir de las 10.00 horas, a siete acusados por defraudar más de 500.000 euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social mediante la creación de empresas ficticias, sirviéndose de personas marginales y con escasos recursos para que, a cambio de determinadas cantidades de dinero, les entregasen su documentación personal con la que poder dar de alta a las sociedades.
En concreto, la Fiscalía reclama un total de 32 años de prisión para los siete procesados, a quienes acusa de un delito continuado de falsedad en documentos oficiales. Más en concreto, el Ministerio Público solicita seis años de cárcel para José Antonio M.T., cinco para Pedro B. y Julián Francisco B.L., y cuatro para Antonio G.G., Juan Antonio M.M., Tomás P.B. y Sebastián G.P. Asimismo, pide para todos ellos la devolución de las cantidades defraudadas.
Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar entre los años 1997 y 2006, cuando José Antonio M.T. se dedicaba a la construcción en Mallorca fruto de la cual comenzó a generar numerosas deudas ante las Administraciones públicas. Para eludir el pago de las mismas, planificó continuar con su actividad si bien creando empresas ficticias, utilizando para ello la documentación e identidad de terceras personas.
Es más, el inculpado utilizaba las empresas para dar de alta a sus trabajadores como asalariados de las mismas, ejerciendo una actividad real en la construcción pero ignorando estar contratados para mercantiles 'fantasma'.
Así, para ejecutar este plan, el procesado se concertó con los también imputados Pedro B.F. y Julián B.L., quienes gestionaban cada uno una gestoría. Según la Fiscalía, ambos eran plenamente conocedores de la actuación del principal acusado, participando de los beneficios que se generaban, y eran los encargados de tramitar todo lo relativo a la documentación fiscal y laboral necesaria para dar de alta las empresas ficticias ante los organismos oficiales.
Según el escrito de acusación, al principio se sirvieron de personas indigentes para crear estas mercantiles, quienes desconocían el fin para el que tenían que entregar su documentación personal. En cambio, otros sujetos eran plenos conocedores de ello, como Antonio G.G. y Sebastián G.P. Éste último, a cambio de dar trabajo a su hijo, aceptó figurar como titular de algunas de las empresas.
Mientras tanto, a la captación de personas marginales se dedicó también Juan Antonio M.M., quien a su vez captó al también inculpado Tomás P.B. Mediante esta operativa, hasta 17 empresas individuales o sociedades limitadas fueron creadas y utilizadas por los acusados. generando con ellas deudas que superan los 500.000 euros.
