La Audiencia Nacional estudiará los recursos de la defensa de 'Luigi' a 72 autos de la instrucción

Actualizado: viernes, 10 diciembre 2010 8:23

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este viernes los recursos que la defensa del ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', cabecilla de la trama investigada en la 'operación Pretoria', ha presentado contra 72 autos de la instrucción llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón y su sustituto, Pablo Ruz, informaron fuentes jurídicas.

La representación legal de García y la de otros imputados en este procedimiento, que defenderán sus recursos de apelación en una vista, han impugnado la mayor parte de las actuaciones judiciales adoptadas por los instructores para solicitar que la Sala de lo Penal declare su nulidad.

Entre estas actuaciones se encuentran los autos en los que los titulares del Juzgado Central de Instrucción número 5 decretaban el secreto del sumario, las órdenes de entrada y registro, las intervenciones telefónicas y el bloqueo de sus cuentas, bienes y patrimonio.

En octubre pasado los peritos ratificaron un informe en el que se detallan las operaciones 'Pallaresa', que se desarrolló en Santa Coloma de Gramenet, y 'Niesma', que tuvo lugar en Sant Andreu de Llavaneres. El magistrado también encargó un informe de la Agencia Tributaria sobre las obras de arte que había adquirido el líder de la trama.

20 IMPUTADOS

Ruz mantiene la imputación a 20 ex altos cargos y empresarios en el marco de esta causa, en la que se investigan las actividades urbanísticas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, un año después de que se produjeran las primeras detenciones.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros y otras medidas cautelares.

La investigación, que se encuentra muy avanzada, según las citadas fuentes, dejó de ser secreta en mayo pasado. En la actualidad cuenta con 38 tomos en la causa principal (unos 13.500 folios), 9 piezas separadas de situación personal y otras dos sobre la gestión de la empresa Gramepark y las medidas cautelares que continúan vigentes y cinco tomos sobre comisiones rogatorias.

A este respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 está pendiente del cumplimiento de las solicitudes judiciales que libró a Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica para seguir el rastro de las actividades financieras de los imputados.

AGUJERO EN LOS TRES AYUNTAMIENTOS

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

También están siendo investigadas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de de la localidad, Antoni Jiménez (PSC) y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el ex gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón; y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.