Los abogados de los acusados muestran su disconformidad y Rafael Perera anuncia que recurrirá la resolución ante el Tribunal Supremo
PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, valoró hoy de forma "muy positiva" la sentencia dictada ayer por la Audiencia Provincial de Palma, que condena a tres años de prisión a dos coroneles del Instituto Armado por el caso Facturas, y confió en que la resolución sirva para evitar que se produzcan "más chanchullos" dentro de este cuerpo similares a las irregularidades investigadas en la causa.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de la AUGC, personada en el proceso como acusación popular, expresó así su convicción de que la sentencia emitida por la Sección Primera del órgano judicial será "ejemplarizante" y supondrá "un paso más en la lucha contra la corrupción".
En este sentido, Moya consideró necesario llevar a cabo más controles internos dentro de la Guardia Civil para evitar que prevalezcan "los intereses particulares por encima de los sociales", tal y como, aseveró, ocurrió en el caso Facturas, por el que se investigaba la confección de un certificado por parte del ex coronel jefe del cuerpo en las islas, Francisco García Peña, para justificar unas obras en su vivienda oficial del cuartel del Polígono de Levante que nunca se llevaron a cabo.
Asimismo, el secretario general de la AUGC recalcó los esfuerzos de la asociación a la hora de "luchar contra la corrupción", como lo demuestra su voluntad de personarse como acusación popular "en los casos en que haya indicios de irregularidades", al tiempo que resaltó que "si se constatan hechos delictivos, hay que denunciarlos y no cubrir a un superior, ya que no se puede permitir que se produzca este tipo de irregularidades".
En concreto, el tribunal de la Sección Primera ha condenado a sendas penas de tres años de prisión a García Peña y al teniente coronel Luis Cuadri, así como a seis meses de cárcel al constructor Jaime Ferragut y al capitán del Instituto Armado José López Trujillo, todos ellos por un delito de falsificación en documento oficial.
Ante estas sanciones, Rafael Perera, abogado de Cuadri, expresó también a Europa Press su sorpresa por la sentencia dictada y aseguró que "no esperaba en absoluto" que la Audiencia impusiese tres años de cárcel a su defendido, por lo que anunció que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para lograr la absolución del acusado. A su parecer, la sanción "no está ajustada a derecho" y aseveró que esto "acabará siendo demostrado".
DISCREPANCIAS ANTE LA SENTENCIA
El letrado incidió en que la intervención que Cuadri tuvo en el caso "no es de ningún modo delictiva", pese a que la sentencia relata como probado que Cuadri ideó junto a Peña la creación de un expediente de obra que justificase la utilización de 12.000 euros para diversas reformas en su vivienda, cuando en realidad fueron empleados para la adquisición de mobiliario. "Discrepo de la versión del tribunal porque mi cliente no merece esta sanción", insistió.
Mientras tanto, el abogado de Ferragut, José Ignacio Herrero, calificó la sentencia como "muy severa" ya que su defendido, que según la resolución judicial emitió un presupuesto por 12.505 euros para la reforma del baño y la cocina del inmueble de Peña pese a que no llegó a realizarse, "reconoció los hechos desde un principio". No obstante, afirmó que no recurrirá la sentencia después de que el constructor falleciese el pasado 5 de febrero.
Por último, el abogado de Trujillo, Fernando Mateas, aseveró que por el momento está estudiando la sentencia, por lo que eludió concretar si recurrirá la resolución ante la pena impuesta al capitán de la Guardia Civil, que según el tribunal convenció a Ferragut para emitir un presupuesto y una factura de obra falsos.
