PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los beneficiarios de la Tarjeta Básica superarán este año las 8.000 personas -concretamente serán 8.127-, lo que supondrá un incremento del 6 por ciento respecto al año anterior, en el que se otorgaron 7.669 tarjetas. La prestación cuenta con un presupuesto de 1.425.000 euros con cargo a la Conselleria de Familia y Servicios Sociales y está destinada a adquirir productos de primera necesidad, por lo que se otorga a la población en situación de vulnerabilidad económica.
En concreto, este es el primer año en que esta ayuda se regula mediante un decreto (el Decreto 22/2014, de 16 de mayo), dado que hasta ahora se hacía a través de una convocatoria anual de subvenciones, según ha informado la Conselleria en un comunicado.
El cambio de un sistema al otro pretende garantizar la estabilidad de la prestación y consolidar un derecho subjetivo de los beneficiarios, de forma que la convocatoria no dependa de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. Así, la Tarjeta Básica pasa a formar parte de la Cartera de Servicios Sociales como una prestación garantizada.
De hecho, el Decreto establece la renovación automática anual de esta ayuda a las personas que ya son beneficiarias, siempre que mantengan las condiciones exigidas. De este modo, el sistema se hace más ágil y se acortan los plazos para la entrega y el aprovechamiento de la ayuda.
Las personas que la reciben de manera automática son este año 7.814. A estas, se tienen que sumar 313 tarjetas de personas que han tenido que registrar una solicitud, lo que suma un total de 8.127 beneficiarios.
La Tarjeta Básica consiste en una ayuda económica de 175 euros destinada a adquirir productos de primera necesidad para personas con dificultades económicas y que son beneficiarias de las pensiones más bajas, como por ejemplo las pensiones no contributivas (PNC), las del fondo de asistencia social (FAS) o de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
También está destinada a personas de más de 65 años o con una discapacidad de grado superior o igual al 65 por ciento que tengan unos ingresos anuales inferiores a los que regula anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto a las pensiones no contributivas.
Se da una vez el año y se puede usar en hipermercados y cadenas de supermercados, supermercados, ultramarinos, economatos laborales y tiendas de alimentación en general, así como en farmacias, comercios de confección y textil y zapaterías.
