Aseguran que la cuantía de las sanciones previstas en la ordenanza cívica de Palma "son las más bajas" en España
PALMA DE MALLORCA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha asegurado que la cuantía de las sanciones previstas en la ordenanza cívica de Palma "son las más bajas" comparadas con las ordenanzas del resto de España, y ha asegurado "no comprender" los motivos por los cuales la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha decidido presentar recurso ante el TSJB contra la ordenanza.
"La federación está en su perfecto derecho de recurrir esta ordenanza porque no le gusta pero no podrá argumentar ni falta de diálogo, ni búsqueda de consenso, ni afán recaudatorio", ha declarado el teniente de alcalde.
Asimismo, Gijón que explicado que entre el 80 por ciento y el 90 por ciento del contenido del texto en vigor en Palma es "el mismo" que el del modelo aprobado en 2009 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "con el consenso de todas las fuerzas políticas y bajo la presidencia de un alcalde socialista, siendo Aina Calvo alcaldesa de Palma y miembro del Comité Ejecutivo de la federación".
Además, ha destacado que "he mantenido, personalmente, más de 60 reuniones para explicar esta ordenanza y varias de ellas han sido con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Las reuniones han tenido lugar antes y después del período de alegaciones, que, incluso, fue el doble de lo que establece la Ley".
"EXTRAÑEZA" POR EL RECURSO
Por otro lado, el teniente de alcalde ha defendido la "claridad" de la ordenanza, ha mostrado su "extrañeza" por el recurso cuando "precisamente la Federación de Asociaciones de Vecinos, a través de sus diferentes servicios, nos reclama por problemas como el botellón, los excrementos de los perros o la circulación de bicicletas de las aceras, prácticas que son denunciables y sobre las cuales no cabe interpretación posible".
Finalmente, Gijón ha recordado que "una ordenanza similar, con carácter más restrictivo y sanciones de cuantía más elevada, ha sido aprobada en un ayuntamiento mallorquín no gobernado por el PP, lo que demuestra que la de Palma no es una ordenanza política".
