Baleares vota a favor de la propuesta para la distribución del 0,7% del IRPF pero continúa reclamando un modelo pactado con el tercer sector
PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Baleares se ha abstenido este jueves en la votación de la propuesta económica destinada al Plan de Prestaciones Sociales Básicas en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, porque entiende que se utilizan indicadores que perjudican a la Comunidad Autónoma respecto a otras regiones.
Así lo ha expresado la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, durante la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la primera con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
El Plan de Prestaciones Sociales Básicas va dirigido a mantener los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, según ha explicado la Conselleria de Servicios Sociales en una nota de prensa.
Santiago considera que se emplean indicadores que perjudican a Baleares, como el uso de datos poblacionales no actualizados. Por ello, la representante balear ha reclamado al Gobierno mejorar la dotación para la Comunidad.
La consellera sí ha votado a favor de las aportaciones del Estado en relación al Plan de Infancia y la propuesta para la distribución del 0,7 por ciento del IRPF.
Con todo, Baleares ha reiterado su intención de continuar reclamando un modelo pactado con las entidades del tercer sector, "más justo con las Islas", y a aspirar a la gestión progresiva de todo lo recaudado en el archipiélago por medio del IRPF social.
Desde la Conselleria han señalado que con su voto, Santiago ha querido valorar el "gesto" del nuevo gobierno, que "ha hecho una propuesta que mejora aproximadamente en 400.000 euros la aportación para Baleares respecto de la propuesta del gobierno anterior", por lo que se da "un voto de confianza a esta nueva voluntad negociadora".
GOBIERNO Y CCAA ACUERDAN TRABAJAR EN UN NUEVO REPARTO DEL 0,7%
El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas trabajar en un nuevo modelo de reparto de los fondos recaudados a través de la casilla de Fines Sociales del IRPF, en el que se introducirá la tasa AROPE de pobreza como uno de los nuevos criterios para el reparto de los fondos entre las CC.AA.
Este nuevo criterio ya se va a aplicar a los 11,2 millones adicionales que se han recaudado en el último ejercicio y que se repartirán en 2018 a las ONG, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón.
Según el vigente modelo de doble tramo, el 19,56 por ciento del dinero recaudado de la X solidaria del IRPF lo gestiona el Estado y el 80,44 por ciento restante, las CC.AA. De esta forma, de los 11,2 millones extra obtenidos en el último ejercicio, 10 millones irán para las CC.AA. y los 1,2 millones restantes, al Estado.
En concreto, Montón ha precisado que para el reparto de esos 10 millones de euros que corresponden a las CC.AA. se tendrá en cuenta ya la tasa AROPE, que se basa en criterios como el riesgo de pobreza o la carencia severa.
"Hemos consolidado el reparto de ayudas alcanzado el año pasado en el IRPF y se ha mejorado la situación de las CC.AA. que estaban en un peor punto de partida. Para este ejercicio hay un incremento de 10 millones de euros y para su reparto hemos aplicado criterios objetivos, equitativos, justos, siguiendo siete criterios objetivos y la novedad es que se ha dado mayor peso en la ponderación de la tasa AROPE sobre pobreza", ha subrayado Montón en declaraciones a los medios tras la reunión.
Además del índice AROPE, entre los siete criterios que se han tenido en consideración también se encuentran: la población, la superficie, la población dependiente, la dispersión, las grandes urbes y la insularidad.
Según ha precisado la ministra, en la votación se han abstenido las CC.AA. gobernadas por el PP y no ha habido ningún voto en contra. Si bien al comienzo de la reunión, la Comunidad de Madrid había anunciado que votaría en contra de la propuesta del Gobierno, finalmente ha decidido abstenerse.
COMISIÓN TÉCNICA EN SEPTIEMBRE
Además, para seguir "perfeccionando" este nuevo sistema de reparto, la ministra ha convocado para el próximo 18 de septiembre una comisión técnica para "la definición de las variables del nuevo modelo" y "en diálogo con las CC.AA" con el objetivo de "equilibrar las diferencias que hay en estos momentos".
En total, en 2018 se repartirán 251,9 millones de euros con cargo al 0,7 por ciento del IRPF --11,2 millones más que en 2017--, de los cuales 49,2 millones corresponde repartirlos al Estado y 202,6 millones, a las CC.AA. Así se ha fijado en la reunión del Consejo Territorial. Estas subvenciones son posibles gracias a la decisión de los ciudadanos que marcan la casilla de 'Actividades de Interés Social' en su Declaración de la renta y van destinadas a programas realizados por las ONG.
En la reunión también han sido aprobados los criterios de distribución y las cuantías resultantes de la misma a las CC.AA. y a las ciudades de Ceuta y Melilla para programas sociales en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
El Consejo Territorial ha acordado destinar un importe de 65 millones de euros al programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil --si se suma el incremento aprobado en Consejo de Ministros para comedores de verano y campamentos para niños en situación vulnerable--; 40 millones a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, 412.500 euros para proyectos dirigidos al pueblo gitano y 75.000 euros al Plan de Voluntariado.
