PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, ha pedido la absolución del magistrado Miguel Florit por el rastreo de llamadas y la incautación de móviles y otro material a redactores de Europa Press y el 'Diario de Mallorca' que cubrían el 'caso Cursach'.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dictara la apertura de juicio oral contra el juez, el fiscal Barceló ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales y ha considerado que los hechos no son constitutivos de delito. Por ello, pide la absolución como ya hizo otras veces a lo largo de la instrucción.
En su relato de los hechos, el Ministerio Público sostiene que el magistrado Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntos autores de la revelación de secretos.
También argumenta que los listados de llamadas de los móviles de los redactores, que se recabaron mediante orden judicial, no permiten descubrir las fuentes periodísticas porque son una "relación de números de teléfono que no identifican a su titular y, mucho menos, el contenido de la conversación mantenida".
Asimismo, el fiscal Barceló también resalta que el juez Florit devolvió los dispositivos precintados y por lo tanto considera que la medida "no se llegó a materializar".
Por todo ello, el fiscal entiende que procede la absolución y declarar las costas de oficio. Para el juicio, propone que declare el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, Alejandro Luzón.
Además, también plantea la declaración como testigo del fiscal anticorrupción que avaló las medidas acordadas por Florit, Juan Carrau, así como tres policías nacionales y los periodistas.
Cabe recordar que la representación de Europa Press, 'Diario de Mallorca' y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.
