Las comparecencias se centrarán en el estudio adjudicado por 12.000 euros por el ex conseller de Territorio a su contable
PALMA DE MALLORCA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El ex portavoz de Unió Mallorquina (UM) y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, comparecerá hoy de nuevo ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que instruye parte del caso Son Oms, junto a los también imputados Maximilià Morales, Damià Nicolau -recientemente encausado- y Tomás Martín, para declarar sobre la presunta trama urdida en los años noventa en torno a la recalificación y explotación del polígono industrial palmesano.
La primera de las declaraciones está prevista a partir de las 9.00 horas y a las de los cuatro imputados se sumarán también las de la ex secretaria técnica de Vicens, Apolònia Serra, del contable de las oficinas de Vipasima -con la que Vicens mantuvo presuntas vinculaciones económicas e inmobiliarias cuando era conseller insular de Territorio-, Joaquín Llorenç, y de Jutta Delgado, todos ellos en calidad de testigos.
En concreto, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, las declaraciones ante el juez Antoni Capó estarán centradas en el estudio que supuestamente encargó el departamento de Territorio del Consell de Mallorca, en marzo de 2007, sobre el valor del suelo en la isla y cuya adjudicación ascendía a 12.020 euros, cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público.
Al parecer, este informe habría sido presuntamente adjudicado al gestor Tomás Martín, contable particular de Vicens, quien es defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, y mañana declarará como imputado por tercera vez dentro de este procedimiento -también está encausado en los casos de Can Domenge y Plan Territorial de Mallorca-.
En el caso de Nicolau, también asistido por Valdivia y Campaner, supuestamente fue el encargado de solicitar el estudio argumentando la necesidad de contar con el documento para la futura toma de decisiones desde el Consell en materia territorial, aunque será hoy cuando deberá aclarar ante el magistrado quién le instó a justificar la importancia del informe.
Cabe recordar que Vicens eludió su ingreso en prisión preventiva el pasado 11 de noviembre al abonar una fianza de 100.000 euros frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio público investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
INSTRUCCIÓN DEL CASO
En concreto, fue el pasado 27 de octubre cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trata de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.
En relación con el procedimiento, la Fiscalía afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.
