19 de septiembre de 2019
26 de abril de 2008

El Bloc se muestra convencido de que las nuevas imputaciones por el PTM no afectarán al Pacte de gobierno en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El portavoz del Bloc, Gabriel Barceló, se mostró hoy convencido de que las nuevas imputaciones en el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM) no afectarán "en general" al Pacte de gobierno en Islas Baleares, pese a la imputación de un dirigente político de Unión Mallorquina.

Barceló hizo estas declaraciones a Europa Press, tras conocerse que el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Palma, Miquel Florit, ha citado como imputados al ex conseller de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, de Unió Mallorquina, al ex conseller de Medio Ambiente del PP, Jaume Font, al promotor Mateo Sastre -propietario de Ibercon- y al dueño del Grupo Drac, Vicente Grande.

Está previsto que todos ellos declaren ante el magistrado, entre los días 12 y 24 de mayo, por una supuesta trama de corrupción que podría haber generado "pelotazos" por valor de más de 300 millones de euros, derivados de las plusvalías de la compraventa de terrenos. Se les acusa de supuestos delitos de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias.

Asimismo, Barceló recordó que los partidos que conforman el Bloc --PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida-Els Verds i Esquerra Republicana-- ya manifestaron su oposición "clara y contundente" al Plan Territorial, "porque prevé un crecimiento exagerado, y porque pensábamos que las Áreas de Reconversión Territorial (ART) podrían responder a operaciones especulativas".

En este aspecto, expresó el deseo de que la Justicia "llegue hasta las últimas consecuencias" sobre este caso, y reclamó que, si al final se confirma que hubo irregularidades, "se asumir las responsabilidades políticas pertinentes".

Finalmente, consideró prioritario poder cumplir con el acuerdo adquirido para esta legislatura de "revisar" el Plan Territorial y las ART "cuyos trabajos ya se han iniciado con la aprobación de una moratoria, de seis meses de vigencia, y la creación de una Comisión específica para tratar los aspectos relativos a la modificación del PTM. "Es necesario separar la vía judicial con lo que piensa el Pacte en relación a las cuestiones urbanísticas", apostilló.