Afirma que Buils le ordenó realizar unos borradores y estudiar de qué forma se podía patrocinar el proyecto presentado por Bitácora
PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, ha defendido ante el juez la legalidad del convenio de colaboración rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para fomentar el turismo náutico sostenible, y ha asegurado que "en ningún momento" favoreció a esta entidad con la firma de este documento. "Fui escrupuloso en el cumplimiento de mis obligaciones, y con Bitácora más por los conflictos políticos que existían en la Conselleria de Turismo", ha espetado Bonet.
En su declaración como imputado en el marco de la pieza del caso Ibatur que investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de este convenio, el también exsecretario del Ibatur, defendido por el letrado Gaspar Oliver, ha incidido en que, cuando se rubricó la iniciativa, no advirtió ilegalidad alguna sino que para él esta fórmula "era correcta".
El encausado ha recordado que fue el entonces conseller de Turismo Francesc Buils quien le ordenó realizar unos borradores y estudiar de qué forma se podía patrocinar el proyecto presentado por Bitácora, y en este sentido ha justificado que finalmente se materializase a través de un convenio de colaboración y no mediante concurso público puesto que "era la forma habitual con la que se tramitaban los patrocinios en el Ibatur".
Las pesquisas de este fleco se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno al convenio, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
A preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, Bonet ha recordado que, cuando el expresidente de UM Miquel Nadal sustituyó a Buils como conseller, le ordenó "fehacientemente, ante las discusiones que había", que realizase un informe sobre si el convenio "era válido o contenía algún tipo de vicio". Al estudiar el asunto, ha explicado, vio cómo el convenio se había firmado "sin la debida consignación presupuestaria" puesto que el presupuesto de IB-Blau "aún no había sido aprobado".
"Estaba viciado de anulabilidad salvo que la junta rectora ratificase el convenio y se aprobase la consignación presupuestaria, cosa que nunca se hizo", ha aseverado el exasesor jurídico, quien, al ser preguntado por la posible incompatibilidad entre el declarante y su entonces pareja, Magdalena Estarellas, quien estaba al frente de Bitácora, ha defendido que no realizó un informe 'ad hoc' para favorecer a esta asociación y, además, Estarellas "ya no era presidenta de Bitácora".
Tras aseverar que no fue él quien se encargó de cotejar las facturas imputadas al convenio y dar el visto bueno a las justificaciones de los trabajos realizados, sino "los técnicos de la Conselleria de Turismo".
Finalmente, respecto a las numerosas facturas que le han sido exhibidas sobre diversos servicios encargados en virtud de este convenio, como el diseño de la web de Bitácora o la puesta en marcha de un 'call center' por parte de la empresa Minser, el encausado ha recalcado que "se ajustan y justifican los trabajos desarrollados" y ha recalcado en este sentido que los servicios para los que fueron abonadas se llevaron a cabo. "Si las facturas no hubieran sido correctas no habrían sido pagadas", ha incidido.
BUILS DEFENDIÓ LA FIGURA DEL CONVENIO
Cabe recordar que el propio Buils, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, defendió en su día la figura y la tramitación del convenio como forma de materializar esta actuación y negó cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo las numerosas facturas relacionadas con estos hechos.
Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través de la empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). No obstante, la última fase policial de la causa -llevada a cabo el pasado mes de junio- se saldó con la detención de Nadal y el exdirector general de Promoción Turística, Joan Sastre, por lo que el cerco se ampliaba a la etapa de UM en el Govern del Pacte.
El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel.
