PALMA DE MALLORCA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria del PP y ex-consellera de Transportes y Obras Públicas, Mabel Cabrer, acusó hoy a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de defender "intereses particulares" del equipo directivo de SFM al personarse en la denuncia interpuesta por su partido ante la Fiscalía y ampliada ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma por las contrataciones "irregulares" de hasta 10,5 millones de euros en las obras de emergencia que se ejecutaron en el Metro de Palma, tras las inundaciones de 2007.
En los pasillos del Parlament, Cabrer recordó que la Abogacía de la Comunidad Autónoma está para "velar por el interés general de todos los ciudadanos de Baleares" y, en este sentido, apuntó que "en otros casos de presunta corrupción, se ha personado como acusación particular para defender si ha habido o no presuntos delitos".
Sin embargo, censuró que en este caso del Metro, "parece que la Abogacía se persona para defender a unas determinadas personas con nombres y apellidos", entre ellos el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens, y el director general de Movilidad, Antoni Verger, y, por tanto, a su juicio, esta defensa "no es del interés general, sino de intereses particulares".
Así, consideró que los miembros del Consejo de Administración de SFM, a los que el PP demanda por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude relativa a distintos contratos de consultoría y obras de emergencia del Metro, "deberían tener sus propios abogados privados y no la Abogacía de la Comunidad Autónoma".
Por esta razón, Cabrer anunció que en el próximo Pleno del Parlament, su grupo exigirá "explicaciones" al Govern de por qué se hace esta defensa de "intereses particulares" por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Precisamente, Verger destacó ayer que la Abogacía de la Comunidad Autónoma "defenderá la actuación de la administración", de forma que negará "cualquier tipo de actuación delictiva" en los contratos de obras de reparación, para las cuales el Govern destinó 30 millones de euros, la mayoría de ellos para instalar dos grandes colectores de pluviales en el Polígono de Son Castelló.
El director general de Movilidad detalló que de los 30 millones de euros que se gastó el Ejecutivo, 2,4 millones fueron destinados a contratar a la empresa pública INECO para llevar a cabo la auditoría y la asistencia técnica de los trabajos, de manera que se encargó, por un lado, de detectar las deficiencias y, por otro, de dirigir las obras de reparación, que fueron ejecutadas por las 21 empresas que se habían encargado de la construcción de este medio de transporte en la pasada legislatura.
Asimismo, añadió que con la personación de la Abogacía, el Govern quiere facilitar las actuaciones de la Administración de Justicia "aportando toda la documentación relativa a las obras y a los expedientes de contratación sobre los que se dirige la denuncia del PP".
