IBIZA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera afirmó hoy que el Govern incumple la Ley 7/06 en su procedimiento de liquidación y reparto de patrimonio al decidir de "manera arbitraria" someter esta propuesta al dictamen del Consell Consultiu.
Según expuso la Junta Directiva de la entidad pitiusa, el procedimiento que fija la Ley es que, una vez aprobada la propuesta de liquidación y reparto, ésta se eleve a la consellera de Comercio, Francesca Vives, y sea ella quien dicte la Orden de ejecución "sin más trámites".
Por esta causa, desde la sede de Eivissa y Formentera lamentaron que "una vez más" el director General de Comerç, Pere Trías, "dé apoyo a actuaciones que se saltan el procedimiento legal establecido, anunciando que someterá esta propuesta al criterio del Consell Consultiu de las Illes Balears".
Se trata de una medida excepcional, que sólo puede ser solicitada por el presidente del Govern, Francesç Antich, amparándose en el artículo 11.6 de la Ley 5/93 reguladora del Consell Consultiu, ante una situación que justifique, por su gravedad, esta intervención que no es preceptiva.
Para la Cámara de Comercio pitiusa, Trias suplanta con esta acción "la intervención del presidente y evidencia que ni él mismo se siente seguro de la legalidad de la propuesta de liquidación que propone".
A este respecto, fuentes de la Cámara Pitiusa manifestaron su malestar tras las últimas declaraciones del director general de Comerç en las que éste declaró desconocer "si su decisión es correcta".
Según explicaron desde la Cámara, "para actuar con corrección y respeto a la ley", sería suficiente con que el director general hubiera encargado una nueva tasación de la sede cameral "seria e imparcial, que diera garantías jurídicas a su propuesta" ya que apuntaron "no se ajusta a la ley involucrar en su decisión a otros organismos de la Comunidad Autónoma".
La Junta Directiva manifestó desconocer si el presidente del Govern ha solicitado personalmente la intervención del Consell Consultiu, aunque puso en duda esta hipótesis ya que "seguimos sin ninguna respuesta por su parte respecto a la solicitud que le formuló toda la patronal pitiusa", apuntó.
Una intervención que de producirse, "dado lo excepcional del procedimiento", significaría que el máximo responsable del Govern "reconocería la posible existencia de irregularidades en la tramitación de la Conselleria de Comercio, denunciadas una y otra vez por esta Cámara".
El Consell Consultiu está compuesto por siete juristas, nombrados por el Parlament, que emiten dictámenes no vinculantes en casos muy concretos y cuando su propia Ley reguladora lo determina. Principalmente interviene en la elaboración de las Leyes de la Comunidad Autónoma.
Desde la Cámara recordaron que el control de la legalidad de los actos de la Consellería de Comerç no es competencia del Consell Consultiu, sino que compete exclusivamente a los Tribunales de Justicia de lo Contencioso Administrativo.
