Se investiga la presunta trama urdida para legalizar la vivienda del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP)
PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de catorce acusados -doce de ellos cargos actuales y ex dirigentes del PP y dos funcionarios- y hasta 34 testigos comparecerán entre hoy y el miércoles en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el marco del juicio que tendrá lugar por el caso Caballistas, presunta trama de corrupción urdida entre 2004 y 2005 para legalizar la vivienda particular que el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente.
Los acusados, a quienes la Fiscalía imputa un delito de falsedad en documento oficial con distintos grados de participación, deberán declarar hoy en una sesión que se prolongará desde las 9.30 hasta las 20.00 horas, mientras que mañana será el turno de los testigos y el miércoles serán expuestos los informes y conclusiones finales. En concreto, el Ministerio Público postula que once ayuntamientos gobernados por el PP -Ses Salines, Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva- emitieron certificados falsos para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal.
Es precisamente el ex primer edil de Ses Salines quien se enfrenta a la mayor pena -seis años de prisión, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades. También están acusados el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, sobre quienes pesan cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por el mismo delito, además del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens (tres años de cárcel y cinco de inhabilitación).
El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
Tal y como expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, los consistorios implicados emitieron a lo largo de 2004 certificaciones dirigidas a avalar la concesión de la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca, necesaria para legalizar la construcción de un chalé, una nave y otras edificaciones propiedad de Vidal ubicados en los terrenos de Na Fonda, una parcela en suelo rústico no urbanizable con un tamaño -8.878 metros cuadrados- muy inferior al requerido por la normativa urbanística para poder construir (14.000 metros cuadrados).
Así, como único medio para legalizar lo construido, Vidal precisaba que la Administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en el lugar, de modo que instó a la Agrupación Caballista de Ses Salines a promover la tramitación de un expediente que solicitase esta declaración y la legalización, justificando que el uso de la infraestructura iba a destinarse a a la actividad de un club social hípico.
DOCUMENTOS FALSOS
Fue el 11 de agosto de 2004 cuando el ex primer edil elaboró y firmó un documento oficial del Ayuntamiento para hacer constar que la Agrupación actuaba de manera habitual "en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos de doma" desde 1995 hasta entonces, certificado que fue incorporado al expediente de interés general en el 'anexo 1: certificaciones de ayuntamientos', pese a que, en realidad, la asociación no había sido constituida ni registrada en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Conselleria de Bienestar Social hasta 2001, hecho que Vidal "conocía perfectamente".
Sin embargo, el entonces alcalde no se limitó a elaborar este documento sino que convenció a otros diez primeros ediles para realizar certificados similares e inveraces que, una vez obtenidos, fueron incorporados al expediente de interés general. Así, los alcaldes y ahora acusados firmaron, a instancias de Vidal, documentos oficiales para hacer constar la habitual actividad de la entidad hípica y que, en el caso de Prohens y Portell, fueron elaborados a sabiendas de que el contenido no se correspondía con la realidad y de que la Agrupación no tenía la antigüedad que se le hacía constar (1995).
Mientras tanto, el resto de implicados elaboraron documentos similares en la confianza de que Vidal les había dicho la verdad en torno a la declaración de interés general, y con la imprudencia de no encomendar al secretario de cada municipio que comprobase la información ni realizar gestiones serias para confirmar la veracidad de lo narrado. En cuanto al inspector de obras, Sebastià Escalas, certificó en enero de 2005 un informe donde hacía constar que en la parcela en cuestión había un edificio de 26 años, pese a ser consciente de que no existía una única edificación y que los elementos construidos tenían menos de diez años.
COMPOSICIÓN DEL JUICIO
En concreto, el juicio estará presidido por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Antonio Monserrat, quien acordó la apertura de la vista oral el pasado 18 de junio, así como por los magistrados Antonio Capó y Javier Muñoz. Además, habrá dos acusaciones particulares, una por parte del socialista Andreu Crespí y representada por la abogada Estela Soler, y la otra de un vecino de Manacor, Jaime Melis -denunciante de los hechos-, ejercida por Josep de Luis e Isabel Fluixà.
A su vez, los acusados serán defendidos por Rafael Perera (Joan Jaume, Antoni del Olmo, Joan Rubert, Joan Rotger, Antoni Serra y Gabriel Matas), Agustí Cerveró (Miquel Vidal), Gabriel Lladó y Josep Zaforteza (Catalina Soler), Virginia Núñez y María Pascual (Joan Llabrés), José Ignacio Herrero (Sebastià Escalas), Joan Buades (Sebastià Vidal), Juan Camacho (Andreu Prohens) y Carles Tarancón (Sebastià Portell).
Algunos de los testigos que declararán durante el juicio son la madre de Vidal, Catalina Bonet, Pedro Trovat y Adriana Pousa (técnicos del Consell que realizaron las inspecciones obrantes en el expediente administrativo), el teniente de alcalde de Montuïri, Jaume Bauzà, y el alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler. Cabe destacar que el TSJIB asumió la causa, que en un principio estaba en manos del magistrado Antoni Rotger, debido a la condición de Catalina Soler como aforada por ser diputada 'popular' en el Parlament.
